Rosy RAMALES
Lo ideal sería lograr el consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria para elegir la presidencia definitiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que concluya el periodo de Guadalupe Taddei Zavala, autora de la grave corrupción en esta institución.
Pero si no hay consenso, pueden presentarse dos escenarios:
Primero: Que Morena y aliados (PVEM y PT) emitan la convocatoria, integren el Comité Técnico de Evaluación de aspirantes y elijan a la nueva presidenta (ya se dijo que será mujer), ya sea por mayoría o vía tómbola.
Segundo: Que siga la presidenta provisional del Consejo General, la consejera Blanca Cruz García, designada por sus pares hasta en tanto la Cámara de Diputados nombre presidencia sustituta. No hay un plazo fatal.
Sin embargo, el INE debe tener presidencia definitiva como lo manda la Constitución: “De darse la falta absoluta del consejero Presidente () durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá () para un nuevo periodo.”
La presidencia provisional es una figura extraordinaria temporal. Su propósito es solo dar continuidad a la operación administrativa del órgano mientras el Poder Legislativo desahoga el proceso de elección, no suplir el nombramiento definitivo.
Pero a falta de consenso entre los grupos parlamentarios, pueden dejar en funciones a la presidenta provisional, a riesgo de que algún actor político impugne la omisión legislativa de emitir la convocatoria en breve tiempo y el órgano competente ordene la elección inmediata de la presidencia sustituta. Igual puede que nadie impugne.
Evidentemente, la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta provisional sería en todo caso hasta que concluya el proceso electoral concurrente, después la Cámara de Diputados debe cumplir con su responsabilidad de elegir a la definitiva.
Hasta este momento, Blanca tiene el respaldo de sus pares. Los diez consejeros y consejeras (incluida ella) vienen sacando al toro de la barranca en base a decisiones colegiadas, tanto en la organización de las elecciones del próximo año como en la revisión del cochinero que dejó Taddei.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, prorrogó el plazo hasta el próximo fin de semana para conseguir el consenso al menos de la mayoría de los grupos parlamentarios para la emisión de la convocatoria. Dijo:
“Yo no quiero hacerlo por mayoría. A mí en lo personal me gustaría que fuera por consenso. Es tan profundo el tema que () si nosotros (Morena y aliados) aprobamos la convocatoria por mayoría y después por mayoría el Consejo Técnico Consultivo y después por mayoría a la presidenta sustituta, pues va a ser cuestionada, va a ser con problemas de señalamientos, que ya está preparando el fraude, que está como adelantó del gobierno, que están con dados cargados. Todo eso me preocupa”.
Ciertamente, el oficialismo llevaría las de perder, arrastrando al INE, de por sí harto menguado en su credibilidad. Y lo peor, poniendo en tela de juicio la transparencia y legitimidad de las elecciones del próximo año, salvo que se nombre como consejera presidenta a una persona con alta solvencia moral, que garantice imparcialidad en el arbitraje electoral. Pero esto parece como pretender arrancarle un grito al silencio.
Si no pueden hacer el nombramiento por mayoría, lo harían mediante el procedimiento de insaculación que prevé la Constitución como última opción, ya sea por la misma Cámara de Diputados, o si ésta no lo hace, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en ambos casos se insacula la lista conformada previamente por el Comité Técnico de Evaluación.
Ahí está el detalle, porque si dicho Comité integra una quinteta con personas afines a Morena, cualquiera nombramiento nacerá viciado de origen, como fue el caso de Taddei.
¿Qué hace falta para conseguir el consenso de los grupos parlamentarios? Que Morena acepte sus condiciones, algunas de las cuales son prácticamente imposibles en este momento como, por ejemplo, la reforma constitucional para devolver las facultades al Consejo General que dieron a Taddei. Aunque sí pueden hacerla ahora, para aplicarse concluyendo el proceso electoral.
Sería cuestión de aventarse el tiro para aplicarse inmediatamente dada la grave crisis en el INE; si alguien impugna, corresponderá a la Corte determinar la validez.
En fin. La suerte del INE está en manos de Morena, pero también de la oposición, que comparte la corresponsabilidad en la construcción de los acuerdos. A veces la oposición pide para negociar beneficios. Ojalá no sea el caso y su interés sea el INE.
Quizá valga más la pena alcanzar consensos ahora. Porque es incierta la composición de la Cámara de Diputados tras las elecciones del 2027.
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