Rosy RAMALES
El cochinero en el Instituto Nacional Electoral (INE) a manos de Guadalupe Taddei Zavala, dejó muchas lecciones; entre ellas, la necesidad de que la designación de la presidencia del Consejo General sea producto del consenso de los partidos políticos actuantes en la Cámara de Diputados, para no llegar al extremo de la insaculación (tómbola) que arroje otro perfil inadecuado como la ex consejera presidenta.
Tal y como lo sugiere la primera opción constitucional: “El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales a fin de que una vez realizada la votación por este órgano () se remita al Pleno () la propuesta con las designaciones correspondientes.”
Y es aquí donde empieza la responsabilidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hoy encabezada por Ricardo Monreal Ávila, un político de larga trayectoria que, desde sus años en el PRI, conoce bien el valor del consenso.
Pero un consenso plural, si no de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, sí de la mayoría, no solo de Morena y sus aliados (PVEM y PT), pues resultó caro el costo del agandalle cuando fue designada Taddei en marzo de 2023, siendo presidente de la Jucopo, Ignacio Mier; entonces, al no haber consenso, Morena prefirió el azar antes que ceder o vetar los perfiles validados por el Comité Técnico de Evaluación.
Los perfiles de la llamada “quinteta dorada” fueron Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Taddei Zavala, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola, y Guadalupe Álvarez Rascón.
Las acusaciones de la oposición sobre la falta de imparcialidad frenaron el consenso, señalando la simpatía de los perfiles finalistas hacia el partido en el poder, principalmente de Taddei y Luján; y cuestionando la propia integración del Comité.
Ahora el INE paga las consecuencias ante la corrupción desatada con Taddei, que no solo ha puesto en riesgo a la institución, sino la misma legitimidad de las elecciones.
Ojalá Morena y aliados hayan aprendido la lección, y privilegien el consenso. Como dice la Constitución: “La construcción de acuerdos”. La oposición también comparte responsabilidad, porque tampoco se trata de ‘montarse en su macho’, sino de ceder para encontrar un punto medio.
De hecho, la oposición tiene responsabilidad en que en 2023 el proceso de selección llegara al extremo de la tómbola por falta de acuerdo. Aunque la mayor culpa la tiene Morena, no solo por llevar las cosas al azar, sino por la modernización de la “quinteta dorada”, reflejo de la integración del Comité Técnico de Evaluación, raíz del problema.
Si bien la ley establece que dicho Comité estará integrado “por cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, Morena y aliados al menos deberían guardar las formas .
Esperemos que el procedimiento del 2023, mediante el cual fue designada Taddei, haya dejado la lección de integrar un Comité Técnico de Evaluación con personas reconocidas socialmente por su solvencia moral. Parece que los “luchadores sociales” no han estado a la altura de las exigencias democráticas.
Urge un Comité que haga una depuración real de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE, y que integre la quinteta con perfiles profesionales, experimentados e íntegros.
Y ojo, profesionalismo y experiencia no debe ser sinónimo de haber pasado por algún Organismo Público Electoral, tribunales o fiscalías electorales, o el propio INE, porque estos perfiles (con sus honrosas excepciones) ya tienen mañas y compromisos con partidos políticos o con proveedores.
En fin, la voluntad política de construir acuerdos se pondrá a prueba desde la aprobación de la convocatoria. Veremos si la Cámara de Diputados opta por la madurez democrática o por la repetición del error.
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