CRÓNICA POLÍTICA: ¿Y la Cuenta Pública de Oaxaca?

Rosy RAMALES

Acaba de iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, y ningún diputado, ni ninguna diputada, se ha pronunciado por la revisión y, aprobación o desaprobación en su caso, de la Cuenta Pública, que dada la transición estatal corresponde al último año de la administración del coalicionista Gabino Cué Monteagudo.

Y es mandato constitucional. La Carta Magna local establece que “El segundo periodo de sesiones se destinará de preferencia a la dictaminación de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública”.

Vamos, ni siquiera la fracción parlamentaria del PRI, que se supone fue el partido de oposición al gobierno de Cué (se supone porque pulularon los priistas a su disposición), le dedicó una frase a la Cuenta Pública en la reciente presentación de su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, de los dos que comprenden esta Legislatura.

La bancada priista, vía los canales institucionales envió sendos comunicados (ah…porque la coordinadora y el presidente de la Mesa Directiva se disputan el quehacer legislativo aunque nada más en demagogia derramada en boletines) donde da cuenta de su reunión con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y de los temas más importantes comprendidos en su agenda legislativa para este segundo periodo ordinario.

Y entre esos temas destacaron: Consolidación de un Parlamento Abierto (y ni siquiera cumplen con el actual); la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022 (¡apenas, y ya va más de la mitad del primer año del sexenio!); revisión y fortalecimiento del Registro Civil, del marco jurídico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y de la legislación en materia de Derechos Humanos y Sociales.

Además, el estudio del marco jurídico de la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca; de la justicia laboral; la armonización de los periodos ordinarios con el Congreso de la Unión, la reducción de diputaciones plurinominales, la revisión y adecuación del marco jurídico para fortalecer la competitividad económica del Estado, suprimir el fuero, el fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado, la abrogación y expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo local y su reglamento.

Eso, entre lo más importante de la extensa agenda de la bancada priista, que quien sabe si cumpla porque diputadas y diputados en su mayoría andan como trompos chilladores recorriendo sus distritos y hasta la entidad completa haciendo proselitismo en el ánimo de reelegirse en el 2018 o de conseguir la postulación a una diputación federal o al Senado de la República.

¿Y el proselitismo lo hacen con dinero de su bolsillo o con recursos del Congreso del Estado?

Según declaración hecha en ocasión anterior por el diputado local Jesús Romero López (que era del PT y se pasó a la bancada de Morena) cada legislador recibe más de 250 mil pesos mensuales, de la siguiente manera:

42 mil pesos de dieta.

115 mil pesos para gestión social.

Y 100 mil pesos para pago de asesores.

Además, un recursos para comunicación social individual (internamente deciden si lo maneja la bancada o no) de entre 20 y  25 mil pesos mensuales (aparte es el presupuesto destinado al rubro para aplicarse vía la Coordinación de Comunicación Social).

Y una probable asignación de 25 mil pesos mensuales por Comisión Permanente para gastos de la misma, más 25 mil pesos mensuales para el pago del Secretario Técnico de cada una de estas comisiones, que en total son alrededor de 40.

Ah, y los presidentes de Comisiones Permanentes recibirían algo así como un millón de pesos adicionales, según trascendió después, aunque el diputado priista Herminio Cuevas, lo negó.

En fin, que hasta el momento nada se sabe de la suerte de la Cuenta Pública del último año de la administración de Gabino Cué Monteagudo. Ni siquiera pasó a revisión la primera parte de la misma como se estila cuando hay transición del Poder Ejecutivo. La bancada priista ha asumido una postura de dejar hacer, dejar pasar.

Y miren que la Cuenta Pública, no solamente corresponde al manejo de los recursos por parte del gobernador, sino abarca a los tres Poderes, a los órganos autónomos y a los ayuntamientos.

¿Qué se esconderá atrás de toda esta maraña? Incluso, la Cuenta Pública de Oaxaca no ha sido revisada desde el 2014. La Legislatura local anterior fue omisa al respecto; eso sí muchos de los diputados de la misma buscaron acomodo en el gabinete de Alejandro Murat Hinojosa a quien se le quedó una entidad en colapso económico, según su propio dicho.

Incluso, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, informó que en la revisión de la Cuenta Pública Federal 2015 los estados con más observaciones fueron Veracruz, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Apenas la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló haber detectado irregularidades por más de mil millones de pesos en las primeras revisiones que realizó a la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Sustentable y a Caminos y Aeropistas de Oaxaca durante los últimos dos años de la administración de Cué.

Y hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Sistema de Alertas para las entidades federativas, y le puso ¡alerta amarilla” a Oaxaca, lo cual significa que tiene un nivel de endeudamiento en observación y por lo tanto tiene un techo limitado. O sea, no puede endeudarse más de un estrecho límite.

¡Qué tal! Y los diputados locales ni pío, y ni asomo del cumplimiento de su responsabilidad en la revisión de la Cuenta Pública.

***

Correo: rosyrama@hotmail.com 


Descubre más desde Rosy Ramales

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *