Rosy RAMALES
La oposición trae la narrativa del fraude electoral en la próxima elección judicial, porque desde su punto de vista, el diseño comicial es amañado para que Morena se apodere del Poder Judicial tanto Federal como locales, empezando por el de las entidades donde también elegirán personas juzgadoras el primero de junio.
Lo ha dicho el PRI y el PAN, así como personalidades vinculadas a la oposición como Marco Antonio Baños, ex consejero del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y en la primera integración del Instituto Nacional Electoral (INE). Fue, por cierto, miembro del Comité Organizador del proceso de selección del “Responsable Nacional” del Frente Amplio por México; o sea, de la candidatura presidencial opositora.
La oposición está en su papel. Nunca aplaudirá las pretensiones de Morena, salvo que sea partícipe del reparto del pastel o que obtenga beneficios para alguno de sus miembros, como fue el caso, por ejemplo, del rechazo al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, a cuya votación se unió el PRI para blindar a su líder, Alejandro Moreno Cárdenas, aunque la bancada priista argumentó deficiencias en la integración de la carpeta de investigación en contra del morenista.
Quien sabe si la narrativa del fraude electoral sea sobre pruebas, o solamente para deslegitimar mediáticamente los resultados de la elección judicial, arremeter contra Morena y terminar de desprestigiar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya credibilidad ciertamente se encuentra en riesgo.
Durante el foro “Impacto electoral de las elecciones judiciales”, organizado por Somos MX que busca ser partido, expertos electorales como Jorge Alcocer, María Marván y Marco Antonio Baños, hablaron de simulación, trampas, opacidad, errores e indefensión ante el TEPJF, en torno a la elección judicial.
Alcocer cuestionó la simulación en observadores electorales, pues pululan los afines a Morena para garantizar el voto de ‘acarreados’. Aunque el INE asegura haber rechazado ya un buen porcentaje de solicitantes por pertenecer a algún partido político o ser funcionarios. ¿Cuál versión creer?
Pero suponiendo que pululan los observadores electorales de Morena, ¿cómo van a garantizar el voto?, pues su función es solamente la de observar, no pueden suplir a los funcionarios de casilla, ni pueden entrar con el elector a la mampara para votar.
Marco Baños cuestionó la decisión del INE de no inutilizar las boletas sobrantes con el argumento de que se tardarían horas en tacharlas, entonces cualquier persona puede manipularlas. Tiene razón en parte, pues la no utilización de las boletas sobrantes es un elemento que deja lugar a dudas sobre el destino de las mismas.
Sin embargo, el Instituto seguramente previó algún mecanismo para garantizar que no se utilicen con fines fraudulentos; va de por medio el prestigio de consejeras y consejeros honorables como Dania Ravel, Carla Humphrey, Arturo Castillo. ¿A poco se van a prestar a prácticas fraudulentas?
En su época de consejero electoral, Baños seguramente no se prestó a pretensiones del entonces partido en el poder. ¿O sí?
Ante la narrativa, cabe preguntar: ¿Y la oposición qué ha hecho por evitar el fraude electoral en la elección judicial? No hay mejor remedio que la alta participación ciudadana en las urnas electorales. Sin embargo, parece que la oposición le apuesta a la baja, quizá para restregar a Morena el fracaso participativo.
Evidentemente, la oposición no hará nada para legitimar la elección de personas juzgadoras por voto popular, porque es idea de Morena para controlar el Poder Judicial, según considera. La oposición nunca vio esta elección como la oportunidad de darle la vuelta al partido guinda.
EL AVAL DEL TEPJF AL INE
La Sala Superior del TEPJF confirmó la validez del procedimiento aprobado por el INE para constatar que las personas candidatas a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución.
No podía ser de otra manera. Porque como bien dijo el magistrado ponente, Felipe Fuentes Barrera, “no se puede entregar la constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo”, igual que en las elecciones tradicionales.
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