Rosy RAMALES
No hubo sustos, ni sorpresas, en la sumatoria nacional de votos de la primera elección al cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); tampoco en el cumplimiento de los respectivos requisitos de elegibilidad.
Aunque hubo sobresalto inicial cuando el consejero Arturo Castillo Loza planteó no declarar la validez de las elecciones de los cargos a la SCJN, del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de cuatro de las cinco Salas Regionales.
Porque según él, hubo una serie de irregularidades: Coincidencia entre el 80 y 85% entre las candidaturas más votadas y ‘acordeones’; y en unas 800 casillas (de un total de 80 mil instaladas en el país) hubo extracción de boletas de las urnas, candidaturas con el 100% de los votos, y en menor grado, votaciones superiores al 100%.
Era de esperarse que las elecciones judiciales no resultarían impolutas. Pero no declarar la validez por el 0.01% de casillas con alguna irregularidad, sí que resultaba una “propuesta extrema”, como bien lo dijo Guadalupe Taddei Zavala.
En una elección tradicional, los tribunales electorales anulan una elección, por ejemplo, cuando no se instala el 20% de las casillas; o se registra (y acredita) alguna de las irregularidades previstas en la ley en al menos el 20% de casillas.
Claro, son distintos los supuestos de “no declarar válida” una elección, a la nulidad. Pero sirva el ejemplo para ver que cuando se trata de dejar sin efecto la voluntad popular, el porcentaje de casillas a considerar es alto. Incluso, tratándose de la nulidad por rebase de topes de gastos, se exige un 5%.
Es más, el mismo consejero Castillo Loza reconoció que de las irregularidades solo había “indicios” y que al INE no le toca declarar la nulidad. Por eso, planteó “no declarar la validez de la elección”, pero para una declaratoria de tal naturaleza se necesita de la existencia de violaciones graves a principios constitucionales comprobadas de manera fehaciente.
En fin, en su momento las autoridades jurisdiccionales correspondientes conocerán y resolverán, impugnaciones donde se pida la nulidad de las elecciones judiciales por los supuestos legales aplicables a éstas. Y quizá prosperen para la elección de alguno de los cargos, por incumplimento de requisitos de elegibilidad o por rebase de topes de gastos personales de campaña.
Pero francamente, se ve difícil que prospere alguna impugnación sobre la elección de ministros y ministras de la SCJN. Ni siquiera para bajar del primer lugar a Hugo Aguilar Ortiz y subir a Lenia Batres Guadarrama, a menos de que la autoridad jurisdiccional anule un número considerable de casillas y se revierta el resultado; cosa compleja.
La presidencia de la nueva Corte está más que perfilada para Hugo Aguilar, no solo por haber obtenido el mayor número de votos como resultado de los cómputos, sino por señales inequívocas como, por ejemplo, haber sido el único orador en el acto de entrega de constancias de mayoría por parte del INE, donde además a él le entregaron constancia en español y en su lengua originaria como indígena mixteco.
De no estar perfilado y de existir irregularidades graves en la elección, el INE no se hubiese atrevido a realizar un acto protocolario con tanto bombo y platillo; con tanta deferencia hacia Hugo Aguilar, quien, por cierto, asistió sin tacuche, con pantalón de vestir normal y camisa blanca con bordado indígena, lo cual puede ser una señal de estar pensando en serio en no usar la toga en las sesiones del Pleno de la nueva Corte.
La integración de la nueva Corte ya está.
Sólo falta esperar el curso del periodo de impugnaciones y el día de asunción del cargo de las ministras electas y ministros electos: Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, y Sara Irene Herrerías Guerra.
De aquí al 1 de septiembre próximo, tienen tiempo para la transición y para limar asperezas motivadas por la competencia electoral; vaya, fue evidente el pique entre las tres ministras en funciones, quizá pretendiendo no solamente quedar entre los nueve lugares más votados, sino en el primer lugar para presidir la SCJN.
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