Rosy RAMALES
En alusión a la reciente reforma a la reforma judicial –mediante la cual la 4T otorgó a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la oportunidad de competir en 2028 por un periodo más– el magistrado presidente Gilberto Bátiz García no se quedó con la espinita, así que en un seminario fijó postura:
“Esa posibilidad debe entenderse con precisión: no como obligación, no como continuidad asegurada, no como reelección automática, sino como una opción democrática para competir bajo reglas públicas”.
La afirmación de Bátiz García sería impecable en una democracia plena y con absoluta libertad electiva. Sin embargo, en el contexto actual, lo único real es que la reforma no obliga a nadie a postularse en los comicios judiciales de 2028. Participar es opcional, tal como lo establece la siguiente disposición constitucional:
“Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior…que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028.”
La disposición da la posibilidad a todas y todos los magistrados. Pero es obvio que se diseñó con dedicatoria para cuatro: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. El resto resultó de la primera elección judicial del 2025 para 8 años en el cargo, entonces carece de sentido participar en el 2028 para durar 5 años, pues unos y otros van a concluir en el 2033, según un artículo transitorio.
Ahora, sostener que competir en 2028 no garantiza una “continuidad asegurada” o una “reelección automática” es relativo; dependerá si el competidor cuenta con el respaldo de la 4T, tal como ocurrió con dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A veces ir a las urnas es mera formalidad, aún con el uso del “acordeón”.
Y eso de que la posibilidad de competir en la segunda elección judicial, representa una “opción democrática” entra en el campo de la falacia frente al uso de mecanismos de inducción al voto. Al menos es la impresión que dejó de la primera elección judicial, de la cual, por cierto, resultó electo García Bátiz.
JURISTA, NO POLÍTICO
También se sacó la espinita el magistrado Felipe de la Mata Pizaña quien ya anticipó que no se ve como candidato en la elección judicial del 2028 para un periodo más de cinco años, esgrimiendo una razón elemental: “Porque soy jurista. No soy político”.
Ojalá cumpla su palabra. Porque si bien en la Sala Superior se necesitan perfiles de su talla –con amplios conocimientos en materia electoral, con una vocación principialista en sus resoluciones—, este tipo de juristas deben evitar manchar su prestigio con una elección judicial maltrecha.
Acogerse a la reforma para prolongar su estancia cinco años más pondría en tela de juicio la imparcialidad de sus fallos. Ya bastante tiene con señalamientos de pertenecer al grupo de magistraturas afines a la 4T, cuya postura contrastaba con la del magistrado Reyes Rodríguez y de la entonces magistrada Janine Otálora Malassis.
Por cierto, Felipe de la Mata asegura que ni a él ni a sus pares les consultaron o propusieron la posibilidad de ser elegibles para el 2028. De ser así, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y superiores les hicieron un flaco favor, pues tal concesión debilita la credibilidad del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Y todo esto ocurre justo en la antesala del inicio de los procesos electorales (federal y locales) 2026-2027 para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, y la mayoría de congresos locales y ayuntamientos. Habrá mucho que resolver, a lo que se suma la nueva causal de nulidad por intervención o injerencia extranjera.
Será hasta el 2028 cuando las magistraturas electorales logren sacudirse el estigma de la reelección (aunque formalmente se llame de otra forma), en caso de renunciar a la posibilidad de reelegirse. Mientras tanto, el estigma no le hace bien ni al Tribunal, ni a las elecciones, ni a la democracia.
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