Rosy RAMALES
Podrán no gustar las declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, fuertes respecto de su superior, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández; pero en gran parte tiene razón.
De entrada, la propuesta de reforma judicial presentada apenas por Piña Hernández es tardía; la da a conocer cuando la reforma judicial de la 4-T del presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue votada en la Cámara de Diputados y este martes pasa al Pleno de la Cámara de Senadores.
El hubiera no existe, pero la hubiera presentado antes de la aprobación en la Cámara de Diputados; aceptarla en estos momentos por las y los senadores sería alargar el proceso legislativo, y a las personas legisladoras de la 4-T les urge sacar la reforma porque ya se va AMLO (el último día de este mes concluye su mandato); para darle ese regalo como despedida del poder formal al frente del Ejecutivo Federal.
Además, como bien dijo Esquivel Mossa, la propuesta de Piña Hernández no es en sí misma una reforma al Poder Judicial.
Es más bien una reforma en materia de justicia que abarca instituciones del Poder Ejecutivo y de los poderes de las entidades federativas. Basta leer el título y el índice para darse cuenta; se llama “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, y contiene los siguientes temas:
“Introducción; Aspectos institucionales; Seguridad pública; Justicia penal; Poderes judiciales locales. Diagnóstico de los problemas de la impartición de justicia Estatal; Ética y legitimidad institucional; Propuesta de reformas para combatir la corrupción y el nepotismo; Acceso a la justicia y derechos humanos: atender y reparar las consecuencias diferenciadas de las violencias; Acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad: el impacto diferenciado de las violencias en distintos grupos sociales; Procesos y recursos judiciales efectivos: una mirada centrada en quienes hacen uso del sistema de justicia; Sistema penitenciario y ejecución penal: la necesidad de mirar más allá de las prisiones; La defensa pública integral: una pieza esencial en la construcción de una justicia para las víctimas; Recapitulación de propuestas; Bibliografía.”
La propuesta es buena. Pero sería algo así como el complemento de una reforma al Poder Judicial, lo cual al parecer poco aborda.
Seguramente, la ministra presidenta concibe de forma distinta alcanzar los objetivos de la reforma judicial del presidente AMLO, o al menos uno de los objetivos: Acabar con la corrupción en los órganos de justicia y que la justicia sea efectiva, para lo cual, ciertamente como lo plantea Norma Piña, es necesario realizar reformas en todo el andamiaje jurídico y en todas las instituciones de impartición y procuración de justicia, así como en aquellas encargadas de la seguridad pública.
Pero lo que AMLO plantea primero (y sin transigir en ello) es la reforma al Poder Judicial (federal y locales) desde su estructura completa hasta el andamiaje jurídico aplicable. Quien sabe si se haya planteado el complemento (fiscalías y seguridad pública), pero como ya se va, eso le tocará plantearlo a la Presidenta de México entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, en todo caso, al Congreso de la Unión y congresos locales.
Es más, el sistema anticorrupción necesita de una reforma integral y efectiva. Pero este es otro tema.
En fin, que la ministra presidenta Norma Lucía quizá pudo haber conseguido que la Cámara de Diputados (como cámara de origen) tomara en cuenta su propuesta de “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México” cuando los foros ex profeso de la reforma judicial, con otro tipo de postura y actitud. ¿O hizo la propuesta por temas y no las retomaron?
Pero incluso, con otra actitud y postura, no de sumisión, sino institucional, de diálogo y de consenso, pudo haber conseguido la aceptación de su propuesta por parte del presidente AMLO; tal vez no en su totalidad, pero sí en parte.
Sin embargo, se confrontó con López Obrador sin hacer nada por recomponer la relación ríspida entre ambos; hasta la tomaron de manera personal cuando son titulares de dos Poderes. Bueno, quiso recomponerla pero tardíamente. Es como dice Esquivel Mossa, la ministra presidenta “rompió puentes de entendimiento con los demás Poderes”, porque también se confrontó con el Legislativo.
“En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, la comunicación entre Poderes es vital, es parte esencial; y si de un lado no se propicia, pues del otro lado se tiene que ir generando, se tiene que ir buscando. Pero cuando los dos rompen relaciones, cuando los dos no propician este diálogo, cuando los Poderes tienen esta condición, pues evidentemente no se dan estos entendimientos”, dijo la ministra Esquivel Mossa en entrevista con Joaquín López Dóriga.
Y tiene razón.
Aunque la ministra presidenta Piña Hernández tenía (y tiene) difícil la posibilidad del entendimiento con el presidente AMLO, quien suele imponer sus decisiones y peca de testarudo. Sin embargo, siempre hay canales, puentes, intermediarios, que pueden contribuir al acercamiento y entendimiento; tal vez las propias ministras pro López Obrador.
Pero Yasmín Esquivel dice que ni siquiera con todos y todas las ministras, Norma Lucía consensó su propuesta.
Es difícil el rol que le tocó jugar a la ministra presidenta porque, por otro lado, están los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial, a quienes, se entiende, se vio obligada a defender. Y también está su propio criterio jurídico sobre las reformas de AMLO que bateó la Corte.
En fin.
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