Rosy RAMALES
Tiene razón el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña al advertir: “Nadie está viendo la urgencia de una reforma a la reforma judicial…y viene la tormenta perfecta” con la concurrencia de las elecciones de 2027. Palabras más, palabras menos.
Planteó: Son dos procesos, dos gastos; en la elección judicial no habrá voto informado; habrá doble esfuerzo en la capacitación de funcionarios de casilla, saturación en la fiscalización, doble carga financiera para los Organismos Públicos Electorales, nulidad de elecciones, un gran número de boletas; complejidad en el traslado de paquetes electorales, en el resguardo de boleta y en los cómputos, etc.
Uf. La verdad, de locura. No obstante, la elección “va a salir”; porque “hay un gran” Instituto Nacional y “un gran” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Mmm… ¿O los había? Que ni qué de la grandeza de las instituciones, la duda cabe en función de la partidización en la integración de sus órganos de decisión.
En el TEPJF hay dos magistraturas producto de la primera elección judicial, cuestionada por el uso de ‘acordeones’ a favor de candidaturas de la 4-T. Y en el Consejo General del INE acaban de salir las últimas tres consejerías electorales electas antes de la llegada de Morena como partido gobernante y mayoritario legislativamente.
Ciertamente, no es un solo proceso electoral, sino dos procesos paralelos. Entonces como bien dice Mata Pizaña, no hay ahorro de recursos económicos; si lo hubiera, sería muy poco, y a costa de la legitimidad de las elecciones y de las personas electas tanto a los cargos judiciales como populares.
Por su naturaleza misma, cada proceso debe tener sus propias reglas. No deben aplicarse las reglas de una contienda entre partidos políticos, a una contienda entre candidaturas judiciales. Ni en la organización del proceso, ni en la jornada electoral, ni en los resultados.
Incluso, cada elección tiene sus propias casillas con diferencias puntuales. Por ejemplo, en las casillas para la elección judicial no participan los partidos políticos, y en la primera jornada se les llamó casillas seccionales con hasta 15 mamparas o canceles, y urna única.
En las elecciones ‘normales’ presidenciales, legislativas, municipales o capitalinas, en cada sección electoral hay casillas básicas y contiguas; participan los partidos vía representantes; hay tantas urnas como elecciones; y cuando hay concurrencia, hay casilla única que no es lo mismo que urna única.
En fin. Hasta cabe un análisis solamente sobre las casillas en cada elección.
Pizaña advirtió que en una concurrencia de elecciones “normales” con elecciones judiciales del tamaño de las del 2027, no habrá voto informado para elegir a las personas juzgadoras, porque el bombardeo publicitario de las candidaturas a cargos populares va a opacar la promoción de las candidaturas a los cargos judiciales. Y para éstos, será menor el pautado de los tiempos oficiales. O sea, ni quien las escuche ni quien las vea.
A ello agreguen otros riesgos como los expuestos por el senador Javier Corral Jurado: La idoneidad para persona juzgadora, lo cual implica revisar el requisito del promedio, que, por cierto, tres comités de evaluación (uno por cada Poder) interpretan de modo diferente.
Entonces, plantea Pizaña, ¿por qué no dar tiempo para la capacitación de aspirantes a juzgadores (as)?, aplazando la elección judicial para el 2028. Y que las y los aspirantes primero pasen un examen aplicado por la Escuela de Formación Judicial, y quiénes lo aprueben se presenten a la elección como garantía de profesionalismo.
Es una muy buena idea.
En fin. No tiene desperdicio la exposición de la Mata Pizaña, en el Panel “Elecciones del Poder Judicial: Avances y Retos” del IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral”, en la cual, por cierto, prácticamente llama ignorantes a quienes hicieron la reforma judicial.
“No saben electoral…(digo) con mucho cariño…” Ups, ja.
Pizaña vuelve a tener toda la razón.
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