Rosy RAMALES
El conato de enfrentamiento entre ciudadanos de Mitla y maestros de la Sección 22 de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) es un claro síntoma de, al menos, dos realidades:
1.-El hartazgo ciudadano frente a las protestas magisteriales. Una “tradición” de más de 30 años que incluye bloqueos carreteros y de edificios públicos, plantones en el centro de la capital oaxaqueña, toma de plazas comerciales y paros de labores.
2.- La falta de aplicación del Estado de derecho por parte de las autoridades. Esto no apunta a las corporaciones policíacas, las cuales solo acatan órdenes superiores, siendo excepcionales los casos en que actúan por iniciativa propia.
En síntesis, puede decirse que la reacción de los pobladores de Mitla encuadra en el escenario de la “justicia por propia mano”: Si la autoridad competente no libera las vías de comunicación garantizando la libertad de tránsito, la ciudadanía lo hace.
Por supuesto, la violencia nunca es deseable. Lo ideal sería concientizar a este sector radical del magisterio sobre el severo daño que causan sus bloqueos a comunidades como Mitla, donde la economía depende del turismo y las artesanías, entonces, el bloqueo al acceso de la población representa pérdidas.
Incluso, las personas que viven al día dependen de la llegada de turistas para vender sus productos y así llevar el sustento a sus hogares. Por lo tanto, es comprensible la desesperación de la población por liberar los accesos a la comunidad.
Evidentemente, la violencia no se justifica de ninguna manera, ni por parte de los pobladores de Mitla, ni por los miembros de la Sección 22, comenzando por sus acciones de resistencia como el bloqueo carretero.
Empero, ¿quién media entre ambas partes? Más bien, ¿quién dialoga con este magisterio radical para convencerlo de protestar sin afectar a terceros? Quizá la respuesta esté en la intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal.
Sin embargo, si el presidente municipal no cuenta con el respaldo federal y estatal, ¿cómo puede convencer a un contingente de maestros que obedece las órdenes de su dirigencia y los mandatos de una asamblea? El munícipe carece de facultades ejecutivas para resolver las demandas magisteriales.
De hecho, la solución ni siquiera depende por completo del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que las principales exigencias del magisterio son de índole federal. Claro, la autoridad estatal puede entablar diálogo para convencer a los maestros a manifestarse sin afectar los derechos de la ciudadanía; no obstante, el magisterio está acostumbrado a las acciones radicales y a tomar como rehén a la sociedad como medida de presión para obtener respuestas favorables.
¿Por qué así? ¿Por qué se ha normalizado esto?
Y no es de ahora, han sido más de tres décadas. Gobiernos de cualquier filiación política han permitido al magisterio hacer su santa voluntad, y éste ya les tomó la medida. Las autoridades temen al magisterio. Es evidente: Si los maestros tienen el poder de exigir la renuncia de un presidente municipal porque no pudo contener la ira de sus pobladores ante un bloqueo, bien podrían desestabilizar a un gobernador o, incluso, a la persona titular de la Presidencia de la República.
Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato?
A veces resulta incomprensible la protesta magisterial anual. Parece haberse convertido en una tradición, en un ritual donde este gremio jamás queda conforme con las respuestas de los gobiernos federal y estatal, o donde las respuestas de éstos a las demandas magisteriales siempre resultan insuficientes. ¿Por qué son así las cosas? ¿Por qué se ha perpetuado este ciclo?
Los maestros de la Sección 22 de la CNTE pueden tener legitimidad en sus demandas educativas, sociales, económicas y administrativas. Entre ellas destacan: la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 (que transformó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado); la eliminación de las reformas educativas impulsadas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; la reapertura de la mesa tripartita entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la presidenta Claudia Sheinbaum; así como un aumento salarial digno, la contratación inmediata de personal docente, recategorizaciones, atención a conflictos laborales y el reconocimiento pleno del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).
Bien, está bien que exijan.
Sin embargo, también es legítimo el hartazgo social ante un modelo de protesta que suma más de tres décadas afectando a terceros mediante bloqueos, plantones y paros de labores.
En ese contexto, cabe preguntar: ¿El presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, es enteramente responsable del incidente ocurrido hace unos días en inmediaciones de éste municipio entre pobladores y maestros de la Sección 22 de la CNTE?
Parece que no.
Si bien dentro de sus competencias estaba el intentar evitar que la población de su municipio se enfrentara al contingente que bloqueaba el acceso a Mitla, ¿cómo contenerlo cuando esta autoridad es rebasada por habitantes enfurecidos? En los pueblos son capaces hasta de linchar al munícipe cuando no defiende a su gente.
Parece injusto pretender encarcelar a Esaú López Quero por una reacción de mismos habitantes de Mitla en defensa de sus derechos y de su misma subsistencia.
Tanto su solicitud de licencia al cargo de presidente municipal como la investigación en su contra parecen, más bien, monedas de cambio: Una respuesta política ante la reacción violenta del magisterio y su amenaza de romper las mesas de negociación con las autoridades federales y estatales.
Y, claro, ante la próximidad del Mundial del Fútbol y del proceso electoral, pero sobre todo del Mundial, es menester tener tranquilos a los maestros para evitar estropear la paz social en nuestro país.
En fin, evidentemente, si el edil cometió algún delito, que se investigue y se actúe conforme a la ley. Pero si su único pecado fue intentar hacer lo que los gobiernos federal y estatal han omitido por sexenios —garantizar los derechos de la ciudadanía, entonces ¿por qué castigarlo?
¿Acaso van a meter a todo el pueblo a la cárcel? ¿O van a encarcelar a todo aquél que oponga resistencia a los bloqueos magisteriales?
Ah, los maestros tan queridos, tan necesarios para la educación de la niñez y juventud, pero tan incomprensibles ante el hartazgo ciudadano frente a un modelo de protesta que lesiona los derechos ciudadanos.
En el caso de Mitla hay antecedentes de choque entre la población y la Sección 22: 2006, 2012, 2025. Ha habido de todo, desde enfrentamientos hasta retención de pobladores y de maestros. Incluso, una autoridad municipal obligó al sindicato a firmar un acuerdo de que no habría más paros, marchas, bloqueos u otro tipo de manifestación, bajo la advertencia de que, de lo contrario, no se les permitiría el ingreso a las escuelas.
Entonces, con este historial, ¿quién le está buscando tres pies al gato?
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