Rosy RAMALES
Hasta ahora, en México ningún partido político nacional ha perdido su registro por tener vínculos con el crimen organizado.
A lo más, el Instituto Nacional Electoral (INE), y en su momento el otrora IFE, ha declarado la pérdida de registro por la causa más común: No haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias.
Las otras causas son: No participar en un proceso electoral ordinario; haber dejado de cumplir con los requisitos para obtener el registro; incumplir de manera grave y sistemática sus obligaciones; por disolución, y por fusionarse con otro partido político.
Son múltiples las obligaciones. Incumplirlas es en sí una infracción. También, rebasar topes de gastos de campaña, faltar a las prohibiciones en materia de financiamiento y fiscalización, no presentar los informes de precampaña o campaña, realizar actos anticipados, contratar tiempos de radio y televisión, entre otras.
El Instituto casi siempre sanciona amonestando o multando. Cuando ha intentado imponer sanciones más severas como la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público o la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral, los partidos reviran e impugnan alegando violación a sus derechos. Todos, sin excepción, cortaditos por la misma tijera.
Nunca el INE ha impuesto la sanción mayor: La cancelación del registro como partido político, aplicable en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos. Nunca, ni en la época de Lorenzo Códova Vianello, menos en la era de Guadalupe Taddei Zavala.
Por ejemplo: Ante la existencia de recursos de procedencia ilícita destinados a campañas electorales, provenientes de entes públicos o del crimen organizado. Cosa difícil de probar. Aunque es más fácil probar el financiamiento de un órgano de gobierno, que el procedente de cárteles.
El contexto sale a colación por el anuncio del presidente nacional del PRI, Alejandro (“Alito”) Moreno Cárdenas, de solicitar formalmente al INE cancelar el registro a Morena ante presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que autoridades estadounidenses pidieron la extradición de Rubén Rocha Moya (y varios políticos) por nexos con con Los Chapitos, cártel que habría apoyado su campaña a la gubernatura de Sinaloa.
Para pedir una orden de detención con miras a la extradición del sinaloense, es porque EE.UU tiene elementos. En tanto, Moreno Cárdenas deberá probar que Morena consintió el financiamiento o apoyo del grupo criminal para la campaña de Rocha Moya en el 2021; incluso, que el partido también fue beneficiado.
“Alito” podría aprovechar las pruebas de las autoridades de EE. UU. para robustecer su petición ante el INE de retirar el registro nacional a Morena. Pero quién sabe si llegue a prosperar, primero porque el procedimiento sancionador se rige casi por las mismas reglas del derecho penal, luego porque la normatividad tiene serias lagunas.
Además porque ahora existe un Consejo General del INE de integración total en la era de la 4.T. Entonces, parece casi imposible una decisión colegiada que desaparezca del mapa al actual partido gobernante. ¿O las consejeras y los consejeros de atreverían? Van a argumentar la inexistencia expresa de la causa.
Ni siquiera se atreven a aprobar lineamientos para regular los actos anticipados de campaña de quienes aspiran a una de las 17 gubernaturas en juego en el 2027; en descargo la mayoría de las consejerías argumenta tratarse de una competencia de los Organismos Públicos Locales. Pero también se resisten a avalar reglas para acotar actos anticipados en torno a la elección de las diputaciones federales.
Y eso que ha sido una propuesta del consejero Arturo Castillo, quien ha tratado de mantener una actuación imparcial, independiente, objetiva, tal como lo mandan los principios rectores de la actividad electoral. Vaya, Morena no es el único partido con proceso interno adelantado; también lo hace el PRI, el PAN y el PVEM.
En fin.
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