Rosy RAMALES
Resulta oportuna la pregunta con la que el Poder Judicial de Oaxaca tituló el Foro Nacional: “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”. Al parecer, la respuesta para la entidad es un no.
Así lo bosquejó el senador Javier Corral Jurado durante su extraordinaria ponencia en este encuentro organizado por la Comisión para la Implementación del CNPCyF del PJEO que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza. El Foro contó con el respaldo de la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez.
Verán. Corral citó datos vertidos en una Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia, de la cual forma parte: “Que 3 entidades federativas llevan el 70% de implementación; 9 llevan más del 60% de avance; 3 llevan más del 50%; Y 14, llevan un avance menor al 50%.”
Pregunta: De los bloques anteriores, ¿en cuál se encuentra Oaxaca? Aunque Corral no lo precisó, destacó el firme interés del Poder Judicial del Estado por capacitar a los operadores jurídicos ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF). Dicha norma, publicada el 7 de junio de 2023, será de aplicación obligatoria en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027.
Casi a un año de distancia.
Siguiendo con su ponencia, Corral compartió la siguiente información, la cual consideró “muy delicada y grave”:
“Ningún Congreso estatal ha destinado presupuesto para esta implementación. Es fundamental que quienes toman las decisiones se hagan cargo de esta observación.
“No solo existe una omisión de recursos en los Congresos locales, sino que todavía hay Poderes Judiciales con un enorme retraso y rezago en sus percepciones salariales. Oaxaca es una de las entidades donde el Poder Judicial tiene las remuneraciones más bajas para jueces y magistrados, lo cual envía un pésimo mensaje para la impartición de justicia, pues se encuentran casi un 50% por debajo del promedio nacional.
“Si bien la austeridad republicana es correcta, los magistrados deben percibir, por lo menos, el promedio nacional para garantizar que la justicia no quede supeditada a los intereses económicos que a veces les toca resolver. Si esta es la situación en el rubro salarial, resulta alarmante el panorama del presupuesto destinado a la implementación del Código (Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.)”
Pues sí, es grave. Es una lástima que el gobernador Salomón Jara Cruz se retirara después de la inauguración del Foro, pues ya no escuchó a Javier Corral. Ojalá alguien le haga llegar sus reflexiones, tanto a él como a los diputados locales que hicieron acto de presencia.
Precisamente el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF del PJEO, aludió la insuficiencia de recursos económicos como uno de los retos para la implementación del nuevo ordenamiento jurídico. Otros retos son falta de preparación de jueces y abogados y adaptación a la diversidad cultural del país. Y que no son retos exclusivos de Oaxaca, sino de casi todas las entidades federativas, pero quizá más acentuados aquí.
Imagínense, se necesitan recursos para, por ejemplo, para la oralidad y justicia digital, pues el nuevo ordeamiento incorpora tecnologías de la información para el uso de expedientes electrónicos, audiencias a distancia y firma electrónica.
En fin, a eso súmele el perfil de las personas juzgadoras, cuya elección por voto popular pone en riesgo la impartición de justicia. Por eso, Corral Jurado dedicó la gran parte de su ponencia en la elección judicial y la pertinencia de posponerla. Situación que va de la mano con la implementación del CNPCyF, pues se necesitan jueces, juezas, altamente capacitados, no improvisados, ni políticos.
Pero este es un tema que bien vale la pena ampliar en otra columna.
LIDERAZGO
Es evidente la postura de liderazgo de la magistrada presidenta Eika María Rodríguez, que entiende que la cooperación interinstitucional (evidenciada por la presencia del gobernador Salomón Jara Cruz en el acto inaugural del Foro, el Congreso, abogados y academia) es una de las vías para la implementación exitosa del CNPCyF en la entidad.
Oaxaca, vía su Poder Judicial, al abrir estos espacios de diálogo, se posiciona no sólo como un estado que acata una reforma, sino como uno que busca liderar su implementación con una visión crítica y colectiva.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




