CRÓNICA POLÍTICA: Partidos, ¿y la renuncia al 50% de su financiamiento? ¿Y la solución de fondo?

Rosy RAMALES

Desde el día ocho del mes en curso el Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde para que los partidos políticos con registro nacional renuncien al financiamiento público en cualquier porcentaje o en el 100%, pero a partir del mes de mayo próximo.

Porque ciertamente, conforme a la legislación electoral, los recursos de prerrogativas ya depositados en sus cuentas bancarias no pueden ser devueltos al INE ni ser entregados en donación a una institución pública o de manera directa a la ciudadanía, pues ya entraron al patrimonio de los partidos y entonces el recurso debe destinarse a los fines establecidos en la Constitución y en la ley.

Y ese destino es el sostenimiento ordinario de partidos políticos como, por ejemplo, su gasto operativo anual, más un monto para actividades específicas; y en tiempos electorales tienen un 50% adicional para campañas; además en todo tiempo gozan de porcentajes para prerrogativas como lo son franquicias postales y telegráficas.

Así que por ley tienen prohibido darle otro destino a los recursos de las prerrogativas. Lo que sí, se puede hacer  –y ya lo hicieron cuando los sismos de septiembre del 2017–, es renunciar a parte o a la totalidad del financiamiento público manifestando tal intención al INE para que el Consejo General determine la procedencia de dicha renuncia.

En tal virtud, el INE dejaría de depositar lo correspondiente a los partidos para reintegrar los recursos inmediatamente a la Tesorería de la Federación, y ésta disponga de los mismos.

Evidentemente, los partidos políticos dispuestos a renunciar a determinados porcentajes de su financiamiento público pretenden destinarlo a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, así como para atender la crisis económica derivada de la misma.

Y ahí el pero, porque los partidos de oposición desconfían de la Tesorería de la Federación del gobierno en manos de Morena, de que los recursos a los cuales renuncien sean destinados efectivamente para la hacerle frente a la pandemia y efectos económicos.

Incluso, temen que la administración pública federal, usando tales recursos, haga caravana con sombrero ajeno para congraciarse con la ciudadanía a fin de detener la caída de Morena en la preferencia electoral rumbo a las elecciones concurrentes del 2021, y cuyo proceso electoral iniciará en septiembre próximo.

A decir verdad, todos los partidos políticos, no solamente Morena, intentan sacar raja político electoral de la pandemia. Por eso han pregonado a los cuatro vientos estar dispuestos a renunciar al financiamiento público correspondiente, en parte o en su totalidad.

Pero sin atreverse hasta el momento a la construcción de un acuerdo conjunto e inmediato para en 2020 desprenderse de determinados porcentajes de las prerrogativas sin ánimo electorero, sino con el único fin de contribuir a aminorar las crisis sanitaria, económica y laboral.

El tiempo corre inexorable y ningún partido político se ha pronunciado por hacer efectiva la renuncia a parte de su financiamiento público. Aún cuando Morena envió un oficio al INE informado la determinación de devolver el 50% del financiamiento público ordinario, mientras el PRI propuso reasignar la mitad del suyo durante cuatro meses “siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que manejen dichos recursos.”

En tanto, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano calificaron la petición de Morena de llegar a un acuerdo para renunciar todos al 50% del financiamiento público, como un “acto de politiquería”, y en contra parte, plantearon que el Gobierno Federal deje de hacer la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, para canalizar los recursos a combatir la pandemia.

Las propuestas, las contrapropuestas, los dimes y diretes, la desconfianza, evidencian realidades como las siguiente: Que los partidos políticos solamente buscan su sobrevivencia por encima del bienestar de población mexicana, así como el poder por el poder.

Y miren, la renuncia al financiamiento público temporal y en determinados porcentajes tampoco es la solución a la pandemia y sus efectos, aunque sí pueda paliar.

Pero una solución de fondo sería el replanteamiento en la fórmula para la obtención del financiamiento público de modo tal de reducirlo sin afectar el funcionamiento de los partidos políticos y sin inequidades en la distribución de los recursos a éstos; aplicándose a partir de 2021.

El financiamiento público anual ordinario de los partidos políticos actualmente se calcula multiplicando el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y el resultado se distribuye en un 30% igualitario entre todos los partidos y el 70% conforme a su número de votos obtenido en la última elección de diputados federales.

Podría ser distinto. Por ejemplo: Que sea un 30 o 40% del UMA multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal (que siempre es menor que el padrón electoral), o por el número total de votos emitidos en la última elección de diputados; y que el resultado se distribuya en partes iguales entre todos los partidos políticos.

Sería más equitativo tanto respecto de la población mexicana, como respecto de los partidos minoritarios.

Los efectos de la pandemia son para largo y México necesita recursos a destinarse a satisfacer las necesidades de la población en materia de salud, economía, trabajo, social.

En fin, por lo pronto por partidos políticos tienen la siguiente gran bolsa de dinero a su disposición conforme a la ley:

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2020

El financiamiento público federal para los Partidos Políticos Nacionales en el ejercicio 2020 corresponde al importe total de $5,239,001,651 (cinco mil doscientos treinta y nueve millones mil seiscientos cincuenta y un pesos M.N.), conforme a lo siguiente:

Rubro de financiamiento públicoMonto anual de financiamiento
público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes$4,988,864,914
Actividades específicas$149,665,947
Franquicia postal$99,777,300
Franquicia telegráfica$693,490
Total$5,239,001,651

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Correo: rosyrama@hotmail.com

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