Rosy RAMALES
En comparación al planteamiento inicial, la iniciativa de reforma electoral constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum es bastante light: Permanece la estructura y funciones del INE, así como la integración del Consejo General; también los Organismos Públicos Locales.
La propuesta no toca las disposiciones correspondientes. Por tanto, teóricamente queda a salvo la autonomía e independencia de ambas autoridades electorales. Aunque plantea que las remuneraciones de los servidores públicos del INE, de los OPL y de los tribunales electorales locales no podrán ser mayores a la establecida para la Presidenta.
Tampoco lleva al plano constitucional la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Tal vez se prevea en la ley secundaria.
La iniciativa trae muy pocas novedades:
La implementación de figuras de democracia directa en municipios, la reducción del tiempo de radio y televisión, el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares, uso electoral etiquetado de tecnologías de la información, garantizar acciones afirmativas en la selección y postulación de candidaturas a favor de sectores vulnerables, y algunas disposiciones en materia de fiscalización, tema en el cual el PAN plantea sanciones expresas para candidaturas implicadas en crimen organizado.
Incluso, algunas disposiciones de la iniciativa parecen una extensión de las infracciones contenidas en la ley secundaria. Por ejemplo, la prohibición a partidos políticos y personas precandidatas y candidatas de recibir o ejercer recursos de gobiernos, fondos de inversión, y de diversos entes extranjeros.
La presidenta Claudia Sheinbaum cedió, cedió, cedió. Pero sigue firme en los dos temas de mayor preocupación de los partidos minoritarios, empezando por los aliados de Morena (PVEM y PT): Financiamiento partidista y plurinominales. Más bien, en este último tema también cedió: Inicialmente proponía eliminar diputaciones y senadurías pluris; su iniciativa solo elimina senadurías; deja las 200 diputaciones, pero modificando la forma de elección.
Y ahí está trabada la reforma electoral. Hasta donde se sabe, los aliados aceptan reducir el financiamiento, pero distribuido en forma igualitaria. Tienen razón, pues no es equitativo, sino más bien gandalla, la permanencia del 30% igual entre todos los partidos políticos y el 70% conforme al porcentaje de votos obtenido en la última elección.
Así el partido mayoritario siempre tendrá más. Esta fórmula de distribución es herencia del
PRI, la continúo el PAN y ahora la sostiene la “Cuarta Transformación”, donde no quieren saber nada de los neoliberales, pero se benefician de las normas de ese pasado. Igual como pasa con los límites de la sub y sobrerrepresentación, la cual no se toca en la iniciativa.
En cuanto a los plurinominales, Manuel Velasco dejó entrever cierta anuencia del PVEM en cambiar la forma de elección, aceptando la propuesta del acceso de los mejores perdedores a la Cámara de Diputados en 100 curules de Representación Proporcional. Pero dónde está el mayor disenso es en la lista de 100 para votación directa (cerrada no bloqueada), en la cual entrarían los 8 de elección en el extranjero.
Aunque la dirigencia nacional pintó su raya de la declaración de Velasco; esa ha sido la postura interna del PVEM. Y de cierto modo tiene razón. Porque sería muy compleja la elección por lista que implica realizar campaña en una circunscripción electoral y que el elector elija de entre las listas de cada partido político candidatos de diversos estados.
Por ejemplo: Un candidato plurinominal de la Tercera Circunscripción Electoral tendría que hacer campaña para darse a conocer entre el electorado de Veracruz, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y el elector tendría que votar por candidatos con origen en esos estados. Campaña ¿con qué recursos? Que pregunten a las personas juzgadoras cómo le hicieron, porque igualito las mandaron a la elección judicial.
En fin, la presidenta Claudia Sheinbaum va a perder la oportunidad de pasar nuevamente a la historia, ahora como la autora de una transformación en el sistema electoral mexicano.
Le faltó un operador con vocación democrática; dicho de otro modo, menos autoritario que Pablo Gómez, quien careció de la sensibilidad política y democrática para presentar a la presidenta una propuesta con los planteamientos de los aliados, al menos.
PLAN “B”, ¿PACTADO?
La iniciativa de reforma electoral constitucional no alcanzará la mayoría calificada para ser aprobada, salvo que el PVEM y el PT cedan antes de ser sometida al Pleno, lo cual puede suceder a finales de la próxima semana.
De no pasar, hasta Morena se beneficiaría. De ahí que no se les vean ganas a los operadores políticos de la presidenta Sheinbaum de echar la carne al asador para convencer al Verde y al PT.
Incluso, hasta parece pactada una presentación sin suerte para conseguir el aval del Pleno legislativo porque la mandataria debe cumplir su promesa de campaña ante los ojos de la ciudadanía, aunque no pase porque así conviene a los tres partidos de la 4-T.
En consecuencia, también parece pactado el Plan “B”: Una reforma electoral sobre las leyes secundarias, donde puede ir todo lo que no tiene correlativo constitucional en la iniciativa, incluido el cómputo distrital inmediato a las votaciones. Además, de temas como cambiar de permanentes a temporales la juntas locales y distritales del INE.
Entonces sí irán juntos Morena-PVEM-PT. Pacto que puede explicar por qué a pesar de la discrepancia con los temas principales de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, los tres partidos hablan de continuar con la alianza electoral.
Pero si no existe pacto, quién sabe cómo puedan continuar juntos. Porque el que traiciona una vez, traiciona siempre. Y ambos aliados están a punto de traicionar a la presidenta Sheinbaum votando en contra de su iniciativa de reforma electoral constitucional. Cualquier otro día, repetirán la receta.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
