Rosy RAMALES
Morena y aliados (PT y PVEM) siguen en la polémica por sus reformas constitucionales. Ahora es por las reformas a los artículos 105 y 107 que en síntesis establecen que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna.
La llamada reforma de “supremacía constitucional”, aprobada por el Senado de la República y que esta semana aprobará la Cámara de Diputados, como blindaje a las reformas constitucionales de la 4-T, empezando por la reforma al Poder Judicial para, entre otros temas, elegir por voto popular a las personas juzgadoras.
Una reforma judicial a la cual le llovieron acciones de inconstitucionalidad y amparos. Así que a veces parece firme y por ratos parece tambalearse en un inédito ambiente de incertidumbre y contraste, a pesar de que el proceso electoral correspondiente arrancó en septiembre pasado.
En el debate en el Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín (ahora del PVEM) dijo que la reforma busca especificar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estar por encima del poder reformador cuando se trata de la Constitución. Puntualizó: “Lo que estamos diciendo es que la Corte no puede ser legislador, la Corte no puede cambiar las decisiones del Congreso, aunque no les guste la mayoría que tenemos”.
Ciertamente, legislar es facultad exclusiva de las cámaras del Congreso de la Unión (y de los congresos locales); sale de las atribuciones de la Corte decir a senadores y diputados cómo legislar, qué reformas hacer, qué leyes crear. Pero sí ha sido facultad del máximo tribunal constitucional, revisar el cumplimiento del proceso legislativo en la actividad reformadora del Poder Legislativo.
Y, al parecer, así ha sido siempre. Solo que ahora algunos jueces, magistrados y ministros han buscado cómo dejar sin efecto una reforma judicial que directamente les afecta porque implica la renovación de la estructura jurisdiccional mediante voto popular, lo cual no gusta; amén de la incertidumbre sobre la impartición de justicia.
La última acción fue la orden de la jueza Nancy Juárez para bajar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación.
En ese ‘mano a mano’ de vencidas, la 4-T no quiere perder, sino ganar asegurando de una vez y por todas la vigencia de la reforma judicial tal como la aprobó la mayoría legislativa.
En fin, por mucha razón que puedan tener Morena y aliados, su forma de imponerse proyecta dos cosas: Ansias de control absoluto y temor de que la disidencia en el Poder Judicial encuentre la forma de paralizar definitivamente la reforma. Quizá por eso previeron en un transitorio que: Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto.
Estiran demasiado la cuerda confiados en su mayoría legislativa. Sin embargo, nada es para siempre. No les pase lo mismo que al PRI, el cual durante su hegemonía hizo reformas constitucionales en su beneficio, pero ya no le dio tiempo modificarlas y con las mismas salió perjudicado como oposición, ahí está el ejemplo en la disposición para la asignación de diputaciones plurinominales.
Bien dice la frase de J. Céspedes: “Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito”.
ES CULPA DE LA OPOSICIÓN
Marko Cortés Mendoza y Alejandro Moreno Cárdenas, ahora como senadores se rasgan las vestiduras ante las reformas constitucionales de Morena y aliados. Pero como líderes del PAN y del PRI, respectivamente, no supieron o no pudieron fortalecer cada cual a tales partidos políticos de oposición para frenar el crecimiento de Morena.
Por el contrario, Morena ha crecido gracias a esta minúscula oposición.
CNDH
Viene otra embestida de la 4-T: La elección de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y al parecer el Senado va a reelegir a Rosario Piedra.
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