CRÓNICA POLÍTICA: Qué pulcro proyecto de sentencia el del ministro Luis María Aguilar

Rosy RAMALES

No puede ser de otra manera: Es inconstitucional la materia de consulta popular, tal como se resuelve en su proyecto de sentencia el ministro Luis María Aguilar Morales.

Proyecto por el cual deben votar a favor de manera unánime el resto de ministros y ministras integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No por capricho, no por presión, no por llevarle la contra al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino porque la Constitución no se puede destruir así misma y la Corte es el órgano garante de la Carta Magna.

Hasta un estudiante de Derecho sabe de la imposibilidad jurídica sobre la destrucción de los principios constitucionales cuando en los primeros semestres estudia las partes dogmática y orgánica de la Constitución, y sabe que desde la reforma de 2011 la columna vertebral de la misma son los Derechos Humanos y las garantías para protegerlos.

Y una de las garantías es precisamente el debido proceso penal.

De manera clara, pulcra, el ministro Luis María Aguilar desmenuza punto por punto los principios constitucionales que serían violados con la materia de la consulta popular, la cual es un excelente mecanismo de participación ciudadana, pero tiene como límite la restricción de los Derechos Humanos.

Dicha restricción no puede darse ni de manera explícita ni implícita; condición incumplida en la pregunta planteada para la consulta popular y que es la siguiente:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Al respecto, especialistas en materia constitucional y penal  (y sin militancia política) han dicho hasta el cansancio lo que bien argumenta el ministro en su proyecto de sentencia, en el cual resalta que los derechos humanos “no son negociables, ni son concesiones, ni obsequios”.

Y por tanto, no pueden estar sujetos a la voluntad ciudadana mayoritaria o minoritaria. Como tampoco puede estar sujeta a ésta la obligación de las autoridades competentes para investigar delitos y castigar a los responsables.

Pues claro, la Constitución así lo ordena desde su primer artículo cuando  dice: “En el País todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías para su protección, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.”

Así que dejar al arbitrio ciudadano la justicia, además podría afectar negativamente las funciones de procuración e impartición de justicia, “así como el debido proceso legal que debe regir en todo Estado constitucional y democrático de Derecho.”

Y corresponde, no a la ciudadanía mediante un mecanismo de democracia directa, sino al Ministerio Público ejercer la acción penal previa investigación de los delitos; y a las autoridades judiciales, la imposición de las penas.

Imagínense que de la consulta popular resulte un “NO” al enjuiciamiento, entonces habría impunidad.

Obviamente, el proyecto de sentencia no lo dice, pero quien tenga elementos de prueba sobre los hechos delictivos que se le atribuyen a los ex presidentes de México, desde cuando hubiesen presentado la denuncia penal correspondiente, máxime teniendo el poder y todo el aparado del Estado para allegarse de las pruebas.

¿Entonces?

SE VERÍAN FATAL

Cierto, un proyecto de sentencia es eso, un proyecto que puede ser aprobado o rechazado por el Pleno por unanimidad o por mayoría de votos, y al cual pueden recaer también votos particulares.

Lo explicó perfectamente bien la actual secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, en la cual ella evitó comprometer su postura sobre el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente López Obrador.

Quien sabe si valga la pena destruir su prestigio de jurista forjado a través de toda una vida por complacer políticamente a su superior jerárquico. Sin embargo, como Doctora en Derecho y como ministra que fue de la Corte sabe bien que Luis María Aguilar tiene razón.

También lo saben los actuales ministros y ministras de la SCJN, y se verían fatales si votan en contra del proyecto de sentencia de Luis María Aguilar, porque sería estar votando a favor de violar la Constitución cuando deben ser garantes de la misma.

Peor aún, estarían votando a favor de abrir la puerta para aplicar o no aplicar la justicia a voluntad.

NO ES EN SU CONTRA, PRESIDENTE

El presidente López Obrador debería entender que una proyecto de sentencia como del ministro Luis María Aguilar, no es en contra nada más por llevarle la contra, sino más bien es a favor de proteger la Constitución y sus principios como lo son los Derechos Humanos y el debido proceso.

Incluso, el proyecto de sentencia lo puede favorecer a él mismo, al no abrir la puerta para que más adelante pueda ser linchado mediante un procedimiento fraudulento de la Carta Magna y de la ley.

En fin, sea cual sea la decisión del Pleno de la Corte, de cualquier modo el presidente AMLO se verá favorecido: Si la mayoría de ministros vota en contra del proyecto de sentencia, gana; si vota a favor, también gana porque entonces se martirizará.

Pero además, le quedaría la única opción permitida para llevar a juicio penal a los ex presidentes: Presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial, y llevar el procedimiento a la par del Proceso Electoral; mediáticamente impactaría en el ánimo ciudadano.

Nada más tendría que asegurarse de que ninguno de sus colaboradores o personas cercanas tengan “cola”, porque entonces el efecto político puede ser a la inversa

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Correo: rosyrama@hotmail.com

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