Rosy RAMALES
Han concluido las audiencias públicas para la reforma electoral realizadas por la Comisión Presidencial exprofeso, así como todas las actividades relacionadas: Debates y encuestas de opinión, cosas que pasaron casi desapercibidas.
El sitio oficial registra 65 eventos organizados, 5 mil 294 personas participantes, y 345 propuestas enviadas a la Comisión presidida por Pablo Gómez, aunque figuró más Arturo Zaldívar, a quien tocó recorrer el país para las audiencias en las entidades federativas.
Por cierto, en la última audiencia pública celebrada el miércoles pasado en Mérida, Yucatán, Zaldívar reiteró el compromiso de la Comisión de revisar todas las propuestas hechas por la ciudadanía e instituciones para elaborar el documento final a presentar en enero a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conforme el calendario previsto.
Para “en febrero arribar a una iniciativa robusta”, dijo. ¿Será? Porque permea la duda. Hay quienes creen que las audiencias públicas, debates y encuestas solo ha sido cortina ante la existencia de una iniciativa fiel a los deseos del constructor del Primer Piso de la Cuarta Transformación: AMLO. Y que dará continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero Zaldívar casi jura lo contrario. “Es falso que ya haya una iniciativa, que haya simulación”, dijo en Mérida. Palabras más, palabras menos.
Habrá que conceder el beneficio de la duda. En febrero ya se sabrá a ciencia cierta; entonces la 4-T trascenderá como democrática o se confirmará como antidemocrática.
Por lo pronto, Zaldívar adelantó temas a considerar en la próxima reforma electoral: La permanencia de los Organismos Públicos Electorales (OPL) y de los Tribunales Electorales de los Estados, pero en el primer caso revisando el procedimiento a elegir las consejerías, y en el segundo caso, considerando incluir a los órganos jurisdiccionales en el sistema nacional electoral.
Pues sí, ambas cosas hacen falta. Pero hacia adelante, no de reversa.
Hasta ahora, las consejerías de los OPL son designadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) según para evitar la influencia de gobernadores, de legisladores federales y locales, y de poderes fácticos de las entidades federativas, a fin de garantizar la independencia y la imparcialidad en las decisiones de tales Organismos.
Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario. Incluso, el INE (que nunca ha sido la madre Teresa de Calcuta) se ha despachado con la cuchara grande en la designación de consejerías; de los órganos desconcentrados del INE se pasan a los OPL con el visto bueno de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto que así tienen su cuota local.
Debe cambiar el procedimiento de elección o designación de las consejerías de los OPL, o al menos, establecer candados para que no terminen como servidumbre del INE, ni de los gobernadores, legisladores o poderes fácticos.
¿Y saben qué? También es necesario restringir el chapulineo de consejerías de OPL al INE o a tribunales electorales, porque por el deseo de saltar se ponen a las atentas órdenes del mejor postor político.
Por cierto, la Cámara Alta no debería designar las magistraturas electorales locales, porque se comprometen con las personas senadoras aspirantes de la gubernatura de la entidad de que se trate. Y los tribunales electorales estatales califican la elección de la persona titular del Poder Ejecutivo.
Actualmente hay tantos casos de magistraturas electorales de los estados comprometidos con gobernadores, gobernadoras, porque les deben el cargo; y éstos, la calificación. En fin.
Zaldívar también adelantó que no se va a desaparecer a las minorías, sino, por el contrario, mantenerlas, pero de una forma digna y realmente representativa. ¿Será?
Sería cuestión de ver cómo queda en la reforma electoral el sistema electoral mexicano: Mixto como hasta ahora, pero con la variante de la primera minoría en diputaciones; o de representación proporcional pura.
En lo que sí tiene razón Zaldívar, o la presidenta Sheinbaum en la voz del ex ministro, es en la necesidad de terminar con la discrecionalidad de las cúpulas partidistas para repartirse las candidaturas plurinominales.
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