Rosy RAMALES
Resulta preocupante que, desde las más altas esferas de la justicia electoral en México, se normalice el funcionamiento de una Sala Superior incompleta, cuando se trata del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral diseñado precisamente para garantizar la pluralidad de criterios que a su vez garanticen el respeto a los derechos político electorales.
Sin embargo, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña esta preocupación parece resultarle extraña o exagerada, al decir: “He visto que les preocupa mucho a algunas personas que la Sala Superior se encuentre integrada solo por cinco personas”
Por cierto, ¿a quiénes se refiere con “algunas personas”? ¿A la ciudadanía en general o al grupo de juristas del Observatorio Ciudadano que recientemente pidió al Senado cubrir las dos vacantes con los perfiles mejor evaluados en la elección judicial como lo ordena la Constitución? Juristas como José Ramón Cossio, Diego Valadés y Fernán González de Castilla, entre otros.
Durante la conferencia “La protección judicial de los derechos a votar y ser votado, y el Tribunal Electoral protege tu voto”, en la Universidad Veracruzana, recordó que la Sala Superior operó con seis magistratura en el proceso electoral de 2015, y en 2024 y 2025 funcionó con dos vacantes, lo cual muestra que la ausencia de integrantes no ha impedido al TEPJF cumplir son sus responsabilidades.
Ciertamente, no ha incumplido. Sin embargo, existe una gran diferencia entre resolver expedientes y garantizar de forma efectiva la legalidad, la constitucionalidad y la protección de los derechos político-electorales en México; la democracia, pues. Resolver no siempre es hacer justicia. Como decía Ulpiano: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”.
Según el comunicado del TEPJF, el magistrado refirió que, en época de contienda electoral, suele señalarse que el organismo jurisdiccional está capturado por alguna fuerza política. Aclaró, sin embargo, que de ser así se notaría una tendencia profunda en la resolución de los asuntos en favor de un partido en particular. Y ahí están las estadísticas.
Mmm. ¿En serio?
Sí, se pueden resolver muchos asuntos a favor de cada uno de los partidos políticos. La duda surge cuando se trata de asuntos relevantes para la democracia en el país. Aquí cabe preguntar: ¿A quién benefició la legalización del invento llamado “procesos políticos” partidistas? En principio a Morena. Después, casi todos los partidos aprovecharon la oportunidad para también realizar actos anticipados.
El magistrado electoral recalcó además que, en 2024, la Sala Superior del TEPJF resolvió 40 mil 426 asuntos en alrededor de 10 días y solo con cinco magistrados, por lo que aseguró que la actual integración “el trabajo puede salir y va a salir”.
Bueno, pues si la Sala Superior funciona a pedir de boca con cinco magistraturas en vez de su integración completa de siete, pues entonces convendría hacer una reforma electoral para reducirla formalmente a cinco. Se tendría la certeza de una pluralidad de criterios sustentada en cinco votos y, de paso, hasta habría ahorro de dos dietas.
En fin, de la Mata Pizaña se ha distinguido por resolver con una visión garantista basada en principios constitucionales y convencionales. Sus sentencias son en sí mismas libros de texto. No obstante, de un tiempo para acá se ubicó en el grupo de magistraturas de tendencia oficialista.
SANTIAGO NIETO
Es increíble cómo un ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex magistrado electoral regional, de pronto aparece como como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro; o sea, cuasi candidato de Morena a gobernador por esta entidad.
Bueno, en descargo Santiago Nieto Castillo tiene derechos político electorales como cualquier ciudadano. Y los está ejerciendo. No hay nada de malo en ello.
Pero lo más increíble es que se aparezca en el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con todo y porra. Eso sí es lo malo.
Claro, rechazó violar la legislación electoral.
Ahí están las consecuencias del aval a los procesos políticos partidistas avalados por la Sala Superior del TEPJF, la cual, por cierto, ordenó la elaboración de lineamientos, que el IFE no ha hecho, ni los Organismos Públicos Locales. No hay regulación y por eso, impera el desorden y la impunidad.
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