Rosy RAMALES
La mañana de este miércoles el Pleno del Senado de la República aprobó por exacta mayoría calificada el dictamen de reformas sobre la Guardia Nacional, cuya esencia es el traspaso de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Morena y aliados (PT y PVEM) le llaman “adscripción” a la Sedena; la oposición le llama “militarización”.
La nueva Guardia Nacional ha sido definida como “la fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.”
Y se adscribe a la Sedena “para sujetarla al mando militar, pero con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garanticen una dirección de carácter civil”.
¿Será? En el documento aprobado por las cámaras del Congreso de la Unión, así se concibe. Pero en la práctica ¿cómo sería? Se supone que igual que en el papel, atendiendo el principio de legalidad que rige a todo ente público. No obstante, la duda cabe.
La Guardia Nacional parece un híbrido; una mezcla de café con azúcar, o un ensamble de mezcal de tobalá con espadín.
Algo así, porque se integrará con personal de origen militar con formación policial; y dependerá de la Sedena, lo cual prácticamente le da un mando militar, pero supervisado por otras instituciones de carácter civil.
Incluso, la Guardia Nacional ejecutará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridad de carácter civil que estará a cargo de un civil como Omar García Harfuch a partir del 1º de octubre, día en que Claudia Sheinbaum Pardo asume la Presidencia de México.
Esa Estrategia, se supone entonces será de carácter civil, pero operada por un cuerpo de seguridad militar con formación policial.
Parece que Omar García Harfuch será clave en la eficacia del híbrido.
Entonces, ¿se militariza o no la seguridad pública?
Saquen sus propias conclusiones.
Aunque la mejor conclusión serán los resultados, de esta reforma a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política que tiene “el objetivo de dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, que permita enfrentar los desafíos a la seguridad y las amenazas que representa el crimen organizado.”
A ver qué resulta. Porque además siempre ha existido la queja de la deficiencia del Estado en materia de seguridad pública. Veremos si mejora o empeora con la reforma.
Lo ideal sería la mejoría, empezando, incluso, por disolver todo el temor que puede sentirse frente a elementos encargados de la seguridad pública con formación militar-policial.
EL SENADOR NÚMERO 86
Tanto en la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial como en la aprobación de la reforma por la cual la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las cámaras del Congreso de la Unión han destacado el voto número 86 con el cual Morena y aliados reúnen la mayoría calificada.
Es el del ahora cuasi ex panista y cuasi morenista Miguel Ángel Yunes Márquez; éste así jugará en toda la Legislatura: Con el sello de la traición en la frente, pero con el disfrute de libertad y privilegios.
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