Rosy RAMALES
La sobrerrepresentación legislativa volverá a detonar en la integración de la Cámara de Diputados como resultado de las elecciones intermedias del próximo año, cuyo proceso electoral se encuentra en marcha desde principios de este mes.
Las ‘cabañuelas’ se registraron en la última sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se aprobó el instructivo a observar por los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones; evidentemente para curules de mayoría relativa, pues no existen las coaliciones para representación proporcional.
Ya saben, se armó el agarrón, perdón…el debate… entre los representantes de los partidos políticos respecto a la fecha idónea para que la autoridad electoral revise la afiliación efectiva de las personas candidatas postuladas vía coalición. Que si en enero cuando se formalicen los convenios de coalición, que retroactivamente desde el 10 de septiembre, fecha que inició el proceso electoral, fueron algunos planteamientos de la oposición.
Morena y partidos aliados (PVEM y PT), pues como se ha hecho siempre a partir de la era de la “Cuarta Transformación”.
Incluso, el consejero Arturo Castillo Loza propuso que la revisión se hiciera desde el momento mismo de aprobarse el instructivo en discusión.
En estos temas de reparto del pastel, casi nunca hay acuerdo. Morena, por supuesto, no va a claudicar a la posibilidad de hacerse de un mayor número de diputaciones mediante sus aliados, quienes en la coalición siglan a militantes de Morena para que no les cuenten al guinda, y así este partido pueda acceder a más curules de representación proporcional.
¿Qué es un fraude a la ley? Sí. Sin embargo, la misma normatividad lo permite. Y, a decir verdad, es una norma que no inventó Morena, sino la hizo el PRI y en su momento el PAN la aprovechó. Ahora es el partido guinda el que se beneficia de ella. Vaya, ningún partido que llegue al poder va a cambiar las reglas si lo favorecen, salvo que llegue una fuerza verdaderamente democrática.
El INE ha abonado mucho a su propio desprestigio. Bueno, la institución no; más bien las y los consejeros del Consejo General, con sus honrosas excepciones. Pero el caso de la sobre-representación no es atribuible al Instituto, aunque si hubiese voluntad en el grupo mayoritario de consejerías, bien podrían tomar algún acuerdo a riesgo de un revés por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, por cierto, sería más fácil acotar la sobre-representación, pero las y los magistrados tampoco han querido, con sus salvedades.
Ya los dijo nítidamente el consejero Arturo Castillo: El diseño constitucional que regula la sobrerrepresentación (consagrado en el artículo 54 de la Constitución Política) no es una invención del árbitro electoral; está vigente desde 1996.
El diseño pasó por cuatro reformas electorales: 1997, 2008, 2014 y 2018. La reforma integral del 2014 era el momento propicio. Entonces gobernaba nuevamente el PRI, tras dos sexenios presidenciales del PAN; y juntos les alcanzaba para hacer la reforma constitucional pertinente. Pero no la hicieron, y ahora Morena sale beneficiado.
Como bien dijo el consejero Castillo, durante 30 años las mayorías legislativas pasadas y presentes han tenido en sus manos la llave para corregir la fórmula. En otras palabras: Las fuerzas políticas que ayer fueron gobierno, ahora convertidas en oposición pretenden que el INE enmiende la fórmula de la sobrerrepresentación por la vía administrativa.
Ha sido la pretensión desde la instalación de la era de la “Cuarta Transformación”, la cual refinó; superó al PRI y al PAN en el agandalle de curules. Morena encontró cómo sacarle mejor provecho al diseño vía las coaliciones que se han convertido en el instrumento para transferirse legisladores entre el partido guinda y aliados.
La sobrerrepresentación es, por decirlo de algún modo, la herencia perfecta…
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