Rosy RAMALES
Guadalupe Taddei Zavala tiene la opción renunciar voluntariamente a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para salvar dos activos: Su reputación personal y la credibilidad de esta institución.
Como se dice comúnmente: “Una tras otra cosa con ella”. Incluso, sus errores no parecen traspiés involuntarios, sino acciones deliberadas. No obstante, aún tiene el beneficio de la duda y la oportunidad para demostrar que no forma parte de las irregularidades administrativas en el INE.
Entre las anomalías señaladas están Inconsistencias presupuestales, incluyendo pagos millonarios a personal cuyos servicios o presencia física no pudieron ser acreditados en auditorías internas; el despido masivo de personal técnico, y la asignación de hombres en posiciones ejecutivas, entre otras cosas.
Y lo más reciente, presuntos nexos con proveedores de materiales electorales hasta personas vinculadas a éstos en la nómina del INE. Ya ven, investigaciones periodísticas revelaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de proveedores consentidos por Taddei, con quienes habría establecido relación desde cuando presidió el Organismo Público Local de Sonora.
En fin, todo lo que ha hecho crisis en los últimos días, afectando la imagen del INE.
Por menos de eso, el INE ya hubiera iniciado procesos de remoción en contra de cualquier titular de un OPL. Pero en el caso de la consejera presidenta y consejerías del Consejo General del Instituto, la ley electoral no contempla causas de remoción, ni un órgano competente para retirarles el cargo tal como ocurre respecto de los organismos estatales.
Sin embargo, la Constitución Política prevé el juicio político en contra de “la consejera o consejero Presidente, las consejerías electorales y la o el secretario ejecutivo” del INE, por violaciones graves a la Carta Magna y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, conforme la ley secundaria.
En caso de resultar culpable, la sanción consistiría en la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones en el servicio público hasta por 20 años.
Como dice la canción de Juan Gabriel: “Pero qué necesidad”.
Aunque tal escenario es poco probable. Porque seguramente nadie promoverá juicio político en contra de Guadalupe Taddei. O en caso de que la oposición lo promueva, no procederá porque cuenta con la protección de Morena y aliados, cuyos votos legislativos son indispensables para enjuiciar a la consejera presidenta del Consejo General del INE.
A menos de que Taddei haya caído de la gracia del partido guinda. Por lo pronto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no salió en su defensa, sino consideró que el INE debe dar toda la información y de forma transparente respecto de las presuntas irregularidades señaladas en las investigaciones periodísticas.
Por supuesto, no basta con el micrositio denominado “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, cuyo propósito “es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados”.
Incluso, esta herramienta corresponde per se a la obligación del Instituto en materia de transparencia y en acatamiento del principio de máxima publicidad.
El micrositio no libra a la consejera presidenta. Tampoco acusar a partidos políticos y grupos de poder de intentar desestabilizar al Instituto inventando irregularidades.
“A ellos les decimos: ese no es el camino, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan afirmando con la ciudadanía su propuesta de Estado, distrito o nación, no intentando debilitar al INE”, dijo.
¿Es esta la línea discursiva apropiada para la titular del máximo órgano de decisión electoral? Parece que no. Ni a la oposición, ni a Morena, les conviene un árbitro debilitado; por el contrario.
En fin, si bien el proceso electoral se encuentra en plena marcha, por lo cual la renuncia de Taddei representaría una complicación, su permanencia también entraña un riesgo mayor para la menguada credibilidad del INE y para la legitimidad de los comicios.
Díficilmente se puede confiar en una autoridad electoral con vínculos con proveedores de materiales electorales.
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