CRÓNICA POLÍTICA: Una comisión para la paz duradera en Oaxaca, ¿cuándo?

*.- ¿Y los derechos humanos de la población en general? *.- Denuncia grave sobre hechos de Nochixtlán *.- El abasto aéreo, ¿soluciona la problemática en Oaxaca?

 Rosy RAMALES

Este martes, senadores y diputados federales instalaron formalmente una Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016; y a decir del presidente de la Comisión Permanente del Senado, Roberto Gil Zuarth, representa “una tarea de control parlamentario y de acompañamiento del Congreso a las instituciones para develar lo que aconteció, las causas y autores para generar responsabilidades jurídicas.”

“¡Senadores y diputados se estaban tardando en reaccionar de manera institucional!” Incluso, el Senado debió exigir atención inmediata para todo Oaxaca, considerando dos aspectos fundamentales:

Uno: Que los senadores representan a los estados.

Dos: Que Nochixtlán es un botón de la muestra completa representada por todo Oaxaca, donde la violación a los derechos humanos ha sido una constante desde hace 30 años, aguidizada desde el 2006 y en plena crisis desde hace más de un mes.

Por lo tanto, es necesario investigar y atender la problemática en el estado de Oaxaca. Crear para ello, por ejemplo, una Comisión integrada por la CNDH y organismos internacionales, cuya indagatoria llegue a la raíz del problema para poder encontrar la solución; caso contrario, esta entidad hará crisis nuevamente en un futuro inmediato con consecuencias mayúsculas e inimaginables.

¿Qué problemática? La siguiente en por lo menos 30 años:

1. Pobreza: ¿Dónde han ido a parar los recursos destinados al combate de la pobreza?
2. Organizaciones sociales: Cuántas, cómo y dónde operan; quiénes son los líderes y los padrinazgos políticos.
3. Magisterio-Poder: Vinculos de los gobernadores con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
4. La relación de los ex gobernadores: Hasta dónde el odio entre los ex gobernadores ha contribuido a la situación de crisis prevalente en el estado de Oaxaca. Los desamores priistas comenzaron en 1992, con la postulación de Diódoro Carrasco Altamirano al gobierno oaxaqueño, entonces prominente cuadro del PRI.

Sí, está bien la creación de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán para contribuir a generar las condiciones de paz en este municipio. Los nochixtecos y los oaxaqueños en general esperan imparcialidad y eficiencia por parte de los integrantes de la referida Comisión, y no la conviertan en un ring más de intereses políticos.

Por lo pronto los 14 integrantes de la Comisión de Seguimiento, incluida la diputada oaxaqueña Mariana Benítez Tiburcio, se comprometieron a actuar con rapidez y responsabilidad en su encomienda para abonar a la paz de Nochixtlán, de la cual también depende la estabilidad de la entidad y del país.

¿Y los derechos humanos de la población en general?

Ciertamente, primero es necesario atender lo urgente. Y la urgencia está en Nochixtlán, municipio donde la población se enfrentó con la policía. Los maestros y sus organizaciones afines de algún modo consigieron la participación de casi todo el pueblo nochixteco, porque alguien dijo que sería atacada la población.

Hasta parece como si alguien hubiese planeado los hechos violentos, pues hay extrañas casualidades: El desalojo del bloqueo carretero precisamente el domingo día de plaza; disparos desde un hotel por personas vestidas de civiles, repique de campanas.

En fin, lo primero es lo urgente. Y la movilización y resistencia magisterial han propiciado esenarios urgentes para la población en general, cuyos derechos humanos han sido afectados, porque ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal han generado las condiciones de paz que permitan restablecer al cien por ciento el libre tránsito por las carreteras oaxaqueñas, en varias de las cuales los maestros acceden al paso de manera intermitente.

Además del libre tránsito, la indolencia del gobierno afecta derechos humanos como los siguientes: Alimentación, educación, salud, seguridad, trabajo, reunión.

Sin embargo, tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como la Comisión Nacional de los Derechos Humanps (CNDH) se han enfocado a atender y a reclamar las afectaciones hechas sobre los derechos de maestros y miembros de las organizaciones sociales afines; es decir, de los menifestantes.

¿Y la población en general? ¿Dónde quedan sus derechos humanos?

Incluso, la Defensoría siempre se ha mostrado más atenta a los derechos humanos de líderes de organizaciones sociales, que de los habitantes de Oaxaca. ¿Será acaso por el origen del ombusman, Arturo Peimbert Calvo?; él medió en el conflicto del 2016 y después formó parte del gabinete ampliado del gobernador Gabino Cué Monteagudo, para luego convertirse en titular de la Defensoría.

En Oaxaca existe el riesgo de la pérdida del ciclo escolar en diversas escuelas, el tránsito está sometido a la voluntad de los manifestantes; la Guelaguetza ha sido afectada pues aunque en las carreteras hay paso intermitente, el turismo tiene miedo de acudir; los comerciantes viven la crisis más severa de la historia, hay despidos de trabajadores, etc. Y el gobierno mantiene una postura como si nada pasara.

Denuncia grave

Por cierto, el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Pemibert Calvo, denunció “que un grupo de personas no identificadas en Asunción Nochixtlán intimidan con actitudes violentas en domicilios y otros lugares a personas que resultaron heridas el día del operativo o que desean dar testimonio de lo que presenciaron durante el enfrentamiento del 19 de junio.”

Grave, ¿no? ¿Quiénes son esas “personas no identificadas”? ¿Pobladores? ¿Maestros? ¿Miembros de organizaciones sociales? ¿O integrantes de grupos de otra naturaleza?

¿Por qué intimidan a quienes quieren dar testimonio de los ocurrido el 19 de junio del 2016? ¿Qué tratan de ocultar?

El abasto aéreo, ¿soluciona la problemática en Oaxaca?

Sin duda, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, ha hecho un buen intento para aliviar el desabasto en comunidades oaxaqueñas, vía aérea con el apoyo de la Defensa Nacional.

Sin embargo, el abasto mediante puente aéreo no soluciona ni el conflicto ni el desabasto, sino solamente resuelve necesidades elementales durante los días que dure el abasto, y nada más en comunidades donde operan las tiendas Diconsa.

¿Y las demás comunidades? ¿Y la población urbana?

El puente aéreo es más bien como un paliativo a un problema de grandes dimensiones, a punto de convertirse en un verdadero estallido social, económico y político.

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Correo: rosyrama@hotmail.com