Rosy RAMALES
¿Cuál es la reforma que disgusta a seis consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la cual impulsaron la presentación de una controversia constitucional?: Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera.
Es la reforma a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que incluyeron las cámaras del Congreso de la Unión aprovechando la reforma a este ordenamiento para la elección de juzgadores.
El artículo 45 da una nueva facultad a la presidencia: “Designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto…” Antes de la reforma, la facultad era “proponer” al Consejo General el nombramiento de tales funcionarios.
En tanto, el artículo 48 da una nueva atribución a la Junta General Ejecutiva del INE: “Aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto.”
La Junta General Ejecutiva no es cualquier órgano del INE, sino es un órgano compuesto por una súper estructura: Secretario Ejecutivo; directores del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y PartidosPolíticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración; titulares de las unidades técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral, y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Y la preside, la persona titular de la presidencia del Consejo General (o sea, Taddei).
Entonces, en virtud de tales reformas, Guadalupe Taddei tendrá casi todo el poder en el INE sin oposición de las consejerías; que aunque estén inconformes con el perfil de directores ejecutivos o con decisiones relacionadas con la organización de las elecciones o con el funcionamiento del Instituto, nada podrán hacer.
Hasta da la impresión de que la Junta General Ejecutiva se convierte en una especie de consejo alterno al Consejo General, en ciertas decisiones conforme a su nueva facultad de “aprobar acuerdos”.
De entrada tales reformas liberan a Guadalupe Taddei de la oposición de seis consejerías en cuanto a la designación del funcionariado y los acuerdos que tome la Junta General Ejecutiva, como ocurrió recién llegada la consejera presidenta, a quien no le aprobaban sus propuestas para la Secretaría Ejecutiva y algunas direcciones.
Y “liberar” entre comillas, porque esas consejerías seguramente tendrán en la mira los acuerdos de la Junta, sobre todo cuando choquen con las decisiones del Consejo General, el cual, por cierto, por mandato constitucional es “el órgano superior de dirección”, entonces la Junta ni sus acuerdos podrían estar por encima del Consejo.
Es lo que técnicamente defienden las consejerías inconformes: La supremacía del Consejo General del INE.
Se ha dicho que las reformas por las cuales se da una nueva facultad a Taddei y a la Junta General Ejecutiva, no venían al caso en una reforma a la ley secundaria ex profeso de las elecciones de personas juzgadoras, pero sí viene al caso; es el control de la estructura electoral ejecutiva y técnica tanto de órganos centrales como desconcentrados.
EL MARTES DE LA CORTE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación programó el próximo martes para resolver la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial en base al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone anular la elección popular de jueces y magistrados, pero no las elecciones de ministros.
Será el martes de la Corte.
Incluso, porque tenga que decidir en función de otra reforma: La de la supremacía constitucional.
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