La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Amnistía Internacional (AI) condenaron la represión contra ciudadanos que salieron a las calles de Guadalajara, Jalisco, entidad gobernada por Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano (MC), para exigir agua limpia y de calidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Amnistía Internacional (AI) condenaron la represión contra ciudadanos que salieron a las calles de Guadalajara, Jalisco, entidad gobernada por Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano (MC), para exigir agua limpia y de calidad.

Mientras las familias demandaban una solución a la contaminación y el desabasto, la respuesta policial incluyó gases lacrimógenos, agua a presión y detenciones que hoy exigen explicaciones

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum fue clara: “Nosotros no estamos de acuerdo con la represión”. La mandataria pidió al gobernador de MC, Pablo Lemus Navarro, aclarar el uso de la fuerza, informar sobre las personas detenidas y garantizar que se conozca su paradero. Porque exigir un servicio básico en condiciones dignas no debería convertirse en motivo de persecución.

La postura de Amnistía Internacional refuerza la gravedad de lo ocurrido. El organismo denunció posibles violaciones a los derechos humanos y exigió la localización de las personas detenidas cuyo paradero permanece incierto, además de una investigación sobre el operativo policial. La protesta pacífica es un derecho, no una amenaza que deba contenerse con violencia.

Desde Oaxaca, el mensaje es contundente: no se puede normalizar la represión de ningún gobierno contra ciudadanos que exigen respuestas a problemas que afectan su vida cotidiana. Mucho menos cuando se trata del agua, un derecho humano indispensable. La autoridad está obligada a escuchar, dialogar y resolver, no a silenciar las demandas sociales mediante la fuerza pública.

La crisis del agua en Jalisco necesita soluciones de fondo, inversión y coordinación institucional, no más confrontación con la ciudadanía. Sheinbaum planteó construir alternativas con la Comisión Nacional del Agua, sin privatizar el servicio ni trasladar mayores costos a las familias. La pregunta para el gobierno de Movimiento Ciudadano es inevitable: ¿va a atender el reclamo de la gente o seguirá respondiendo con policías a quienes exigen agua limpia?


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