La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso relacionado con el acceso al agua potable de personas que habitan en un asentamiento irregular ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes.
El asentamiento se formó a partir del establecimiento de población migrante entre las décadas de 1990 y 2010. Debido a su ubicación y condiciones de precariedad, fue identificado como Zona de Atención Prioritaria, ya que carece de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano. Entre las principales carencias está la falta de acceso regular al agua potable para uso personal y doméstico, pues de acuerdo con las personas habitantes del lugar, el agua llega únicamente a través de pipas cada diez o quince días.
Ante esta situación, diversas personas promovieron un juicio de amparo al considerar que las autoridades, tanto estatales como municipales, han omitido brindar y otorgar el servicio de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
La persona juzgadora que conoció del asunto determinó no entrar al estudio de fondo porque consideró que quienes promovieron no tenían interés para hacer esa reclamación pues, aunque se ostentaron como habitantes de una zona específica, no acreditaron con documentos oficiales que residen en los inmuebles señalados. Inconformes con esa determinación, las personas habitantes de la zona interpusieron un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte para su resolución.
El Máximo Tribunal corrigió el criterio del juzgado de distrito pues sostuvo que, en contextos de asentamientos humanos irregulares, basta la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre el lugar de residencia para acreditar el interés legítimo. La SCJN explicó que una de las características de estos asentamientos es precisamente la ausencia de documentos que acrediten la propiedad o posesión de la vivienda, como escrituras o contratos, así como la falta de servicios públicos que permitan contar con recibos para comprobar el domicilio.
De igual forma, el Tribunal Pleno destacó que los derechos humanos al agua y a una vivienda adecuada exigen que las personas cuenten con condiciones que garanticen un nivel mínimo de bienestar. De forma específica, el derecho al agua incluye un mínimo vital indispensable que debe garantizarse de forma inmediata sin importar si el asentamiento está regularizado o no.
Por ello, el Pleno concedió el amparo a las personas habitantes del asentamiento y ordenó, como medida inmediata, que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez garantice el suministro del mínimo vital de agua potable. Además, como medida a mediano plazo, la autoridad deberá implementar un programa de infraestructura intermedia que incluya depósitos de almacenamiento masivo de agua, con el fin de permitir su conservación adecuada y distribución equitativa. Para ello, la Secretaría de Hacienda del estado deberá asegurar la asignación prioritaria de recursos presupuestales destinados a dicha atención.
Con esta decisión, la Suprema Corte garantiza que barreras administrativas o probatorias no puedan convertirse en obstáculos para que comunidades en situación de precariedad accedan a la justicia y ejerzan su derecho al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico, como lo reconoce el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en Revisión 544/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 12 de marzo de 2026.
(Con información de la SCJN)
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