Rosy RAMALES
Durante la sesión de Cabildo de este martes, el regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, manifestó su rechazo a la propuesta de reforma electoral denominada «Plan B» enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado de la República.
Calificó la iniciativa como una intromisión directa del Gobierno Federal en la vida interna de los estados y una violación al pacto federalista que rige al país.
Ramírez Puga Leyva señaló que la propuesta busca otorgar facultades a la Federación para determinar aspectos que competen exclusivamente a las entidades federativas, tales como el número de diputados locales, regidores y sus respectivas remuneraciones.
El regidor subrayó que, aunque se pretenda modificar el artículo 115 constitucional, estas medidas abren la puerta a controversias constitucionales al atentar contra la autonomía de los congresos estatales y los ayuntamientos.
En su intervención, el concejal que la reforma plante un ahorro de 4 mil millones de pesos. Según sus cálculos, dicha cifra representa apenas el presupuesto de tres días destinado a programas de adultos mayores, lo que equivale a menos del uno por ciento del presupuesto federal. Aseguró que este ahorro no justifica el debilitamiento de la soberanía estatal y dudó que dichos recursos lleguen efectivamente a los municipios.
El regidor hizo especial énfasis en las repercusiones que esta reforma tendría para el estado de Oaxaca, destacando la complejidad de sus 418 municipios que se rigen por sistemas normativos internos (usos y costumbres). Advirtió que intentar reducir el número de regidores en comunidades con inercias de conflicto social, como en las regiones de la Sierra, la Mixteca o la propia capital, podría desencadenar una inestabilidad política grave al ignorar la realidad social y cultural de la entidad.
Ramírez Puga Leyva hizo un llamado al cuerpo colegiado y a la ciudadanía para reflexionar sobre el tema. Y consideró que como cuna del federalismo, Oaxaca debe alzar la voz ante una reforma que, bajo la premisa de la austeridad, busca centralizar decisiones que corresponden a la soberanía estatal y autonomía municipal.
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