*.- ¿Y qué papel ha jugado el administrador municipal?
Rosy RAMALES
La no realización de la elección extraordinaria municipal de San Dionisio del Mar, este domingo 14 de diciembre, refleja el primer gran fracaso del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, el cual viene medio funcionando sobre la estructura del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Pero esa estructura no es la causa del fracaso, sino la causa más bien parece derivar de una operación política ineficaz por parte de los nuevos consejeros electorales, sobre todo del consejero presidente, Gustavo Meixueiro Nájera, quien debe llevar la conducción de ese máximo órgano de dirección.
No obstante, como curándose en salud, en su discurso relativo a la sesión extraordinaria para la modificación de la fecha de la elección, Meixueiro Nájera es harto reiterativo en eximirse de culpas y en dejar la responsabilidad del Gobierno del Estado. Lean lo que dijo:
“Los organismos electorales, -el IEEPCO y el INE- no contamos con atribuciones para generar condiciones de gobernabilidad. El generar las condiciones políticas, sociales y de seguridad, es tarea de otras instituciones del Estado.”
O sea, algo así como “yo hice mi tarea, pero no el gobierno”.
Y todavía le dice al gobierno cómo hacerlo. Lean: Y hablo de seguridad, en el sentido de garantizar a los ciudadanos la libre expresión de ideas, la participación plena y el derecho de participar en las decisiones que atañen a la comunidad, en un clima de civilidad y respeto, donde las y los tres mil seiscientos sesenta y seis ciudadanos de San Dionisio del Mar puedan votar sin presión o riesgo alguno. Para esto, el Gobierno deberá de generar las condiciones, pero no en la lógica policial y de la fuerza pública, sino a través de mecanismos que generen cohesión y coincidencias, más allá de intereses particulares y de grupo, sino con la visión de que prevalezca la gobernabilidad y el Estado de Derecho.”
Ciertamente, el Consejo General del OPLE carece de facultades para generar condiciones políticas, sociales y de seguridad (ojo, es el Consejo General del OPLE, porque el Consejo General del IEEPCO ya no existe); esa es tarea del Gobierno del Estado. Sin embargo, cuando se trata de elecciones, ese Consejo General es el órgano garante del ejercicio del voto, lo cual implica, por supuesto, entablar de manera directa el diálogo con los partidos políticos para acordar con ellos las condiciones necesaria para celebrar las elecciones. Por eso hay representantes partidistas ante los órganos electorales.
Dejarle todo al gobierno es como retroceder a los tiempos en que el gobierno, a través de su Secretario General, presidía el órgano electoral. ¿Entonces para qué tanta reforma electoral y organismos profesionales y autónomos?
Claro, hay cosas que el órgano electoral no puede pactar por escapar a sus facultades. Por ejemplo, algún servicio público a cambio de la disponibilidad de cualquier grupo en conflicto para contribuir a generar las condiciones necesaria para celebrar la jornada comicial. Pero en todo caso, el representante del gobierno debe acudir a una mesa de diálogo entablada por la autoridad electoral administrativa, como mero facilitador, no como el negociador o el operador electoral, porque entonces el gobierno y los partidos estarían sustituyendo al órgano electoral y, tal vez, hasta la voluntad popular”.
Si no es nada nuevo. Las mesas de negociación siempre han existido respecto de municipios con conflicto electoral. Cuando Cipriano Flores Cruz era el presidente del Consejo General del entonces Instituto Estatal Electoral (IEE), él mismo encabezaba las reuniones con los partidos políticos, donde a veces asistía un representante del gobierno como mero facilitador de la concreción de algún acuerdo relativo a asuntos ejecutivos, pero nunca electorales.
¿Ahora qué pasa? Seguramente le van a echar la culpa a la falta de la reforma electoral local. ¡Por Dios, los fines esenciales de las instituciones electorales no van a cambiar! Y algunos de esos fines son asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y garantizar la celebración pacífica y periódica de las elecciones.
Incluso, el propio Consejero Presidente del entonces IEE iba hasta el municipio en conflicto a dialogar con las partes. Cosa que no está haciendo Gustavo Nájera. Según información extraoficial, sólo el consejero electoral Gerardo García Marroquín llegó hace algunos días al Istmo, pero no entró o no pudo entrar a San Dionisio del Mar.
Y miren, quien sabe qué entiende Nájera cuando dice lo siguiente: “Bajo ninguna circunstancia, este Órgano permitirá que se vulnere el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados y velará por que los ciudadanos puedan ejercer con plena libertad y seguridad el derecho que les corresponde.”
¿De veras? ¿Eso quiere decir que procederá a presentar las denuncias correspondientes por los delitos electorales que se hayan cometido en relación a la fracasada elección de San Dionisio del mar? Por ejemplo. ¿O él y los demás consejeros electorales (Marroquín, Filiberto Chávez, Elizabeth Bautista, Nora Hilda Urdiales, Rita Bell López) solamente obedecen a los intereses de los partidos políticos?
¿Y QUÉ PAPEL HA JUGADO EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL?
En San Dionisio del Mar hay un administrador municipal. Jorge Bustamante fue nombrado en ese cargo. En los corrillos políticos dicen que él habría sido un factor determinante en la no realización de las elecciones en San Dionisio del Mar, porque quiere permanecer los tres años fungiendo como tal. ¿Será?
Sería cuestión de que el Consejo General del OPLE-IEEPCO pida su cambio como factor para generar condiciones de paz para la celebración de las elecciones extraordinarias.
***
Correo: rosyrama@hotmail.com
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
