La SCJN declaró la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al concluir que sus disposiciones regulan de manera clara y razonable los procesos de selección, promoción y cambio de adscripción del personal docente.
El Pleno validó los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 35, 39, 40, 41, 42, 57, 66, 90, 102 y el Noveno Transitorio de dicha ley, que establecen, entre otros aspectos, los procesos técnicos de selección a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la prioridad para egresadas y egresados de escuelas públicas de formación docente, la participación de representaciones sindicales y las reglas de transparencia y protección de datos personales.
El Máximo Tribunal determinó que las bases y parámetros para la participación de la SEP en los procesos de selección de las personas docentes se encuentran claramente definidos por la ley, por lo que no existe una delegación excesiva de facultades al momento de emitir convocatorias o definir criterios de evaluación.
Además, la Corte concluyó que la preferencia otorgada a personas egresadas de instituciones públicas de formación docente es válida, ya que contribuye a cumplir con el mandato constitucional de fortalecer este sistema educativo, sin excluir la participación de egresadas y egresados de otras instituciones.
De igual forma, el Pleno validó la intervención de las representaciones sindicales en los procesos de selección y de cambio de adscripción, al considerar que se trata de una medida razonable para proteger los derechos laborales del personal docente. Además, precisó que esta participación no compromete la imparcialidad de los procesos ni la libertad de asociación, ya que no implica control sindical sobre las decisiones finales.
La SCJN también avaló que los resultados individuales de las evaluaciones y ciertos insumos utilizados en los procesos puedan reservarse como datos personales, al estimar que esta medida es compatible con los principios de publicidad y transparencia, pues protege la vida privada de las personas docentes y aspirantes.
En suma, la Suprema Corte concluyó que la normativa fortalece la transparencia y la protección de derechos laborales en los procesos de ingreso, promoción y movilidad del personal docente, al permitir la participación sindical en espacios tripartitos que acompañan los procedimientos, y al establecer mecanismos de publicidad que mantienen abiertos los procesos, a la vez que resguardan los datos personales de las personas participantes.
Amparo en Revisión 185/2021. Resuelto en sesión de Pleno el 05 de marzo de 2026.
(Con información de la SCJN)
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