Signos y Señales: Deuda social y/o deuda pública

Fuente: David COLMENARES PÁRAMO / EL FINANCIERO

El autor es el Auditor Superior de la Federación

Es indudable que la nación tiene una deuda eterna con las clases y las regiones de menores ingresos, que la deuda social acumulada es inmensa; lo ejemplifican las cifras de pobreza, la estructura nacional de la desigualdad y el deterioro derivado de políticas económicas poco afortunadas. Las políticas de ajuste instrumentadas en casi toda Latinoamérica, en México por supuesto, acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, dieron facilidades para la corrupción, y se privilegió el pago del servicio de la deuda externa e interna, la centralización de la política de ingresos y se descuidó el desarrollo municipal.

A principios de los años ochenta, en un evento de la Cepal se definió el concepto “deuda social”, entendido éste como el déficit del Estado en las necesidades esenciales, a saber: salud, educación, empleo, acceso a bienes productivos y sociales, el fortalecimiento democrático; en suma, los niveles de bienestar de las clases sociales más desfavorecidas. Como ejemplo, la población rural, mayoritariamente indígena, el desarrollo municipal como es el caso de más de la mitad de los municipios en el sureste –concentrados en cinco entidades federativas– y los desequilibrios regionales, etcétera. Fue en la época que en México surgieron programas como el de Coplamar y en el Banco Mundial, el llamado enfoque de necesidades básicas, impulsado por la gestión de Robert Mac Namara.

Se hablaba ya de la Geografía de la Marginalidad y de la Estructura Nacional de la Desigualdad, uno de los programas sociales mejor estructurados.

En los años anteriores a 2018, el gasto público para el desarrollo social tuvo un crecimiento real cercano al 2.0 por ciento, un poco más al de menos de 1.0 por ciento del gasto en general.

Por otro lado, el costo financiero de la deuda pública, que constituye erogaciones no productivas, creció 9.0 por ciento real, en virtud del incremento de la deuda pública, la paridad cambiaria y las tasas de interés. Esto significa que el costo financiero dela deuda pública, superó el gasto de inversión física en esos años.

En los estados la situación es diversa, pero en general los mismos de siempre: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, presentan niveles de pobreza superiores al 60 por ciento. Chiapas con el 76 por ciento en 2018, y no hablemos de pobreza extrema. Al margen de analizar las políticas, como se está haciendo con las auditorías de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y su Centro de Estudios Económicos y Sociales, la asimetría entre el costo financiero de la deuda pública y el gasto en desarrollo social ha sido muy evidente.

Por ejemplo, el Ramo 20, gasto social, que incluyó hasta 2018 programas como apoyo a adultos mayores, Prospera, comedores comunitarios y estancias infantiles, entre otros, ejerció un gasto superior a los 600 mil millones de pesos, mientras el pago de intereses de la deuda pública resultó más de tres veces mayor en el mismo periodo.

Se apostó más a la deuda que a la función de recaudar más con una mejor estructura tributaria. Hay que cumplir con los compromisos internacionales, pero sin descuidar el desarrollo interno. Como se ha visto, la impunidad favoreció niveles altos de corrupción.

En suma, es prioritario recuperar los niveles de desarrollo, desde las regiones, atendiendo y superando las causas de la desigualdad y la pobreza. No podemos crecer siendo un país desigual y sin considerar la participación ciudadana.

Por ello, en la ASF se están revisando los programas sociales en 2018, tanto en cumplimiento financiero, como en desempeño, desde el diseño de los programas y fondos, como los del Ramo 33, hasta su impacto social, de forma tal que se fiscalicen en tiempo real o adelantado, no sólo para evitar que se gaste en lo que no funciona y se ha desviado, sino para crecer con igualdad.

https://elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-paramo/deuda-social-y-o-deuda-publica

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