Benjamín TORRES UBALLE
El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., (IMCO) presentó este lunes el Índice de Competitividad Internacional 2015. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. El título del estudio es, por sí mismo, suficientemente claro. A pesar de la profundidad y seriedad contenida en la información, nada nuevo emerge de ésta. Simplemente confirma una de las peores calamidades que azotan a nuestro país desde tiempos ancestrales y los efectos perversos que necesariamente origina.
La corrupción no es sólo una cuestión de cultura, como insisten en señalar de forma simplista y defensiva algunas voces. El tema es multifactorial y, efectivamente, nada sencillo de resolver.
De los factores que participan en la conformación de una acción corrupta destacan, por su fuerza de coerción, el dinero, el poder, la ambición y una ausencia total de principios éticos y morales. Estos “requisitos” los cumplen —por cierto, a cabalidad— la mayoría de los políticos y funcionarios, de quienes endémicamente pareciera que estamos condenados a padecer resignadamente en México.
¿Cómo se puede intentar banalizar la importancia en la cadena de corrupción de todos aquellos que tienen en sus manos —al menos por un momento— el monopolio del poder? Desde el menor de los burócratas con ínfulas de todopoderoso, pasando por los nefastos elementos policiacos a cualquier nivel, la podredumbre de los ministerios públicos, la cuestionada honorabilidad de jueces y ministros, hasta llegar a los “moches”, despilfarros, opacidad e ineficacia de diputados y senadores sin dejar de lado a prácticamente todas las secretarías de Estado y diversos organismos autónomos. Seguramente ningún “inmaculado” podría arrojar la primera piedra.
¿Y los ciudadanos no participan?, ¿no tienen culpa? Surgirán los cuestionamientos. Claro que la sociedad, como contraparte, contribuye a producir y propagar la hasta hoy omnipresente corrupción y debemos, entonces, asumir las consecuencias de esa —por decir lo menos— permisible conducta. A pesar de la ineficacia, perversidad y burocracia del voraz sistema mexicano, no se justifica que nos convirtamos en cómplices de tan deleznable y costosa conducta.
No obstante, sin dejar de lado esto último, el gobierno no puede ni debe evadir su responsabilidad para construir los instrumentos legales necesarios con el propósito fundamental de prevenir y castigar todo acto de corrupción que en la actualidad es alentada de manera condenable por la vergonzosa impunidad que, para estos delitos, priva en el país.
Precisamente es la impunidad el detonador y, al mismo tiempo, poderoso aliciente para que la corrupción se haya enquistado en la república mexicana. Los numerosos casos que se han conocido a través de los medios de comunicación y recientemente vía las redes sociales son pocos en comparación a los que no trascienden a la luz pública y que, en caso de entes y servidores públicos, se manejan en lo “oscurito”, como un ignominioso modus vivendi.
Por ello es que, de acuerdo al informe del IMCO, no es de extrañar que México se ubique en el lugar 36 de 43 países en cuanto al Índice de Competitividad Internacional 2015, superado por Perú, Tailandia, Grecia, Panamá y Turquía, naciones con menos recursos que la nuestra, al menos en teoría. Está visto que la corrupción no es causa, sino consecuencia de no aplicar la ley.
Cuando en el territorio mexicano cada día se acumulan miles de muertos por la violencia generada por el crimen organizado, además se denuncian 1,343 secuestros (según la organización Alto al Secuestro) tan sólo de enero a septiembre de este año, cientos de fosas clandestinas son macabro hallazgo que se ha vuelto costumbre, turbas de delincuentes destrozan el frágil estado de derecho y los bienes públicos, así como de las empresas y comercios, o se conoce de alcaldes coludidos con criminales, se forma el entorno tóxico que mantiene rezagado al país en situación que no proyecta esperanza alguna para sus millones de pobres.
A la luz de todas estas consideraciones, es el propio IMCO el que va al meollo del asunto: “La debilidad más importante del país se encuentra en el subíndice de Sistema de derecho confiable y objetivo, donde el país obtiene el lugar 40, sólo por arriba de Colombia, Nigeria y Guatemala. La tendencia de largo plazo en este subíndice nos revela una caída de ocho posiciones entre 2006 y 2013 derivada de los costos asociados a la mayor inseguridad y menor credibilidad en las instituciones”.
Mientras no haya la voluntad política para aplicar la ley, insistimos, continuarán los estudios señalando los mismos yerros del Estado mexicano, seguirá la elaboración de complicadas, costosas e inútiles leyes anticorrupción, la perorata oficial y política de que nadie está por encima de la ley, cuando en realidad campea la impunidad, el compadrazgo y el influyentismo, sabido que en México es absoluto aquello de que “quien no transa, no avanza”.
@BTU15
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