Oaxaca se convierte en la segunda entidad en aprobar esta reforma.
Se busca fortalecer el uso óptimo de los recursos públicos.
Esta modificación está basada en los principios de austeridad republicana y racionalidad del gasto público.
Con la transferencia de atribuciones no se desmantela a las instituciones, sino que, se impulsa una transformación.
En sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor y dos en contra la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de México, en materia de simplificación orgánica.
Con estas modificaciones hechas a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Carta Magna, las funciones y facultades de los Organismos Constitucionales Autónomos y los Órganos Reguladores Coordinadores en materia energética serán transferidos a las dependencias del Gobierno Federal del ramo.
Lo anterior siguiendo los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidad de funciones, racionalizar el gasto público y generar ahorros significativos que podrán reorientarse hacia programas sociales prioritarios con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad.
“Se fomenta la eficiencia, la rendición de cuentas y el enfoque en las verdaderas necesidades del país. Esto no significa desmantelar a las instituciones, sino impulsar una transformación”, se precisa en la minuta con proyecto de decreto que fue aprobada por el Congreso de la Unión.
Al tomar el uso de la palabra en tribuna, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena: Tania Caballero Navarro e Isaac López López, se pronunciaron a favor de estos cambios que refuerzan el compromiso del Estado mexicano con la austeridad republicana y se garantiza que las instituciones funcionen con estándares de calidad.
Por su parte, las personas congresistas del Partido del Trabajo: Dante Montaño Montero y Biaani Palomec Enríquez, señalaron que no se trata de un capricho, sino de hacer valer el mandato del pueblo que exige gobernar con responsabilidad y conciencia social.
La coordinadora del Grupo Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, dijo que esta reforma no trastoca los mecanismos de control de poder “por el contrario, contribuirá a un reordenamiento de facultades que eficiente la labor que se realiza en cada una de las áreas de su competencia”.
En cambio, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlán y el representante popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Casique Zárate, votaron en contra de lo anterior, al considerar que estos órganos autónomos son indispensables y por lo tanto, no hay funciones que se dupliquen.
En este sentido, las actividades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se transfieren a la Secretaría de Economía; las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Así, las responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) las ejecutará la Secretaría de la Función Pública, quedando en esta instancia la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia.
Mientras que las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán realizadas por la Secretaría de Energía; y las atribuciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación pasan a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Es de resaltar que el referido Decreto fue a partir de una de las iniciativas presentadas el 05 de febrero de 2024 por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la finalidad de transversalizar la política de austeridad republicana.
(GE)