*.- Gato encerrado: El blindaje
*- El mal ejemplo puede permear en la Cotaipo
*.- La historia
Rosy RAMALES
Generalmente prescindo de los calificativos en los textos de esta columna. Sin embargo, hoy quisiera usar alguno, pero no encuentro uno que englobe toda la suciedad existente en torno al pago a dos ex consejeros electorales, Juan Pablo Morales García y Leonel Cruz Martínez, de ¡dos millones 333 mil 533.33 pesos a cada uno!, por concepto de “indemnización compensatoria” por el tiempo de dos años y seis meses que les faltó ejercer (cuando los alcanzó la reforma electoral federal) para cumplir el periodo de seis años para el cual fueron electos.
Da asco el desaseo político vía una defensa de derechos humanos irreal. Da asco oler la desmedida ambición de ex consejeros electorales y magistrados electorales, que sin vergüenza alguna han realizado una sucia maniobra jurídica para despojar al pueblo de Oaxaca de cantidades millonarias que bien pueden emplearse en obras de beneficio social en comunidades de muy alta marginación.
¡Imagínense, millonarias indemnizaciones, sin derecho, además, en una entidad tan pobre como Oaxaca!, donde tenemos la desgracia de cargar con la cruz a cuestas de un gobierno indiferente e indolente, de un magisterio gobernando, de una deuda pública en ascenso, de un recorte presupuestal, de diputados que pretenden dos elecciones de gobernador en menos de ocho años como si aquí el dinero se diera en maceta, y con todo eso, tenemos todavía ex consejeros electorales, actuales consejeros y magistrados electorales que le clavan un puñal en la espalda al pueblo oaxaqueño.
Disculpen, ustedes queridos lectores, por escribir de ese modo hoy, pero en verdad me provoca asco, sobre todo cómo las mujeres asumen los mismos patrones patriarcales de un sistema corrupto. Me cuesta trabajo creer que la magistrada Ana Mireya Santos López haya sido la ponente de la sentencia donde se condena al pueblo de Oaxaca, vía OPLE-IEEPCO y Congreso del Estado, a otorgar millonarias indemnizaciones “compensatorias” a los ex consejeros que, sin ningún pudor, las reclamaron; incluso, después de participar en el proceso de selección para integrar el Consejo General del OPLE.
En fin, ya la historia se encargará de ponerlos en su lugar.
Tal “indemnización compensatoria” resulta por “mandato” unánime del pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) y por obediencia de los consejeros y de las consejeras del Consejo General del Organismo Público Local Electoral –Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
(El término jurídico es mandato, pero en este puede aplicar un sinónimo coloquial: Cochinada)
Y vendría lo peor: Que en virtud de esa sentencia, los demás ex consejeros electorales también podrían resultar beneficiados con “indemnizaciones compensatorias”. ¡Imagínense, qué cantidad de dinero! 2 millones 333 mil 533.33 por seis ex consejeros electorales!
¡Cómo si el horno estuviera para bollos!
Desde mi punto de vista es incorrecta la resolución del Tribunal Estatal Electoral del PJO. Incluso, en la sesión de la tarde-noche de ayer del Consejo General del OPLE-IEEPCO, el consejero electoral Gerardo García Marroquín y la consejera Elizabeth Bautista, manifestaron su desacuerdo con la sentencia dicho órgano jurisdiccional.
¿Por qué es incorrecta? Muy sencillo: Porque al tratarse de un nuevo diseño constitucional electoral, no existe aplicación retroactiva. Y al respecto ya se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es más, si mal no recuerdo, los mismos ex consejeros impugnaron ante ese máximo órgano pidiendo indemnización, pero no les resultó precisamente por el argumento referido.
Sin embargo, cambiando conceptos y peticiones, los ex consejeros aludidos impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral del PJO, y ya ven el resultado: El fallo les favoreció.
Incluso, el representante del PRD ante el Consejo General del OPLE-IEEPCO, exhibió el desaseo de la sentencia y la falta de compromiso de los consejeros y consejeras electorales actuales al quedarse solamente en el posicionamiento político en contra de la sentencia del TEE del PJO.
En ese fallo seguramente hay gato encerrado.
GATO ENCERRADO: EL BLINDAJE
Miren, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del PJO también pronto se irán porque cuando el Congreso del Estado armonice la ley electoral local a la federal, el Senado de la República procederá a designar a los magistrados electorales de un Tribunal Estatal Electoral, que ya no pertenecerá al Poder Judicial.
O sea, el TEE del PJO desaparecerá para crear un nuevo órgano jurisdiccional estatal, conforme a las reglas generales.
Evidentemente, los magistrados del actual TEE del PJO tienen a salvo sus derechos para participar en la selección de los integrantes del nuevo TEE. Incluso, todos, propietarios y “suplentes”, se anotaron en la primera convocatoria, que no se concretó a falta de armonización de la ley local a la federal.
En ese contexto, ¿qué deducimos? Que los actuales magistrados electorales quieren blindarse. Es decir, que si no resultan designados, entonces pedirán “indemnización compensatoria” por el tiempo que ya no ejercieron del periodo por el cual fueron electos. Y la pedirán en base al antecedente de su misma sentencia.
EL MAL EJEMPLO PUEDE PERMEAR HASTA EN LA COTAIPO
Muy mal precedente. Porque todos pedirán “indemnización compensatoria”. Vaya, hasta los consejeros del Consejo General de la Cotaipo pueden copiar el modelo de impugnación y acogerse a los argumentos torcidos del TEE del PJO. La reforma constitucional planteada por el gobernador Gabino Cué prevé desaparecerla y crear otro órgano.
HISTORIA
Respecto de los ex consejeros, la historia está de la siguiente manera (más o menos):
Con la reforma electoral constitucional federal, con el propósito de homogeneizar las autoridades administrativas electorales, se crearon los ya famosos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), igualmente con un órgano de máxima decisión llamado Consejo General y cuyos consejeros electorales ahora son designados por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya no por las Legislaturas de las entidades federativas.
Así que con tal reforma, los consejeros electorales, que lo eran hasta ese momento, dejaron de serlo. Sin embargo, quedó a salvo su derecho para poder participar en la selección hecha por el Consejo General del INE. Y los consejeros electorales del Consejo General del IEEPCO, participaron, con excepción de uno. Pero, incluso, se inscribió quien en ese momento era el Consejero Presidente.
En el correspondiente examen inicial, aplicado por el CENEVAL, Juan Pablo no alcanzó la calificación aprobatoria para pasar a la siguiente etapa. Leonel sí la alcanzó y llegó hasta la etapa final. Sin embargo, a pesar de contar con la experiencia en Sistemas Normativos Internos (porque Oaxaca fue incluido en la primera selección en razón de las elecciones por este régimen electoral municipal), no fue seleccionado, quizá porque en esa última etapa influyeron de manera determinante argumentos políticos.
Entonces, los ex consejeros electorales, en este caso de Oaxaca, nunca estuvieron en estado de indefensión. Incluso, al ejercer su derecho político electoral de participar para integrar el Consejo General del OPLE, consintieron la consecuencia de la reforma electoral de dejar sin efecto su periodo para el cual habían sido electos.
Pero miren, ni en la sentencia del TEE del PJO, ni en el acuerdo del Consejo General del OPLE-IEEPCO, se dice que tales consejeros participaron en el proceso de selección para integrar el OPLE y por tanto consintieron los términos de la reforma electoral. Es probable, que ellos, en su demanda de juicio ciudadano, tampoco los hayan referido.
En fin, ¿qué calificativo le pondría usted, querido lector, a situación tan vergonzosa y plagada de ambiciones personales?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
