Corralones y autoridades cubrirán daños parciales o destrucción total de vehículos: Congreso

El Congreso Local aprobó que cualquier daño parcial o total de un vehículo en un encierro, será motivo para que el dueño sea compensado con la reparación del daño por parte de la autoridad o el particular a cargo del resguardo de la unidad.

Al modificar el artículo 88 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, quedó establecido que, si con motivo de la detención, arrastre o encierro del vehículo este sufriera robo, daños parciales o destrucción total por incendio o cualquier otra causa, las autoridades o la empresas concesionarias que hayan tomado parte, tendrán la obligación de reparar los daños.

Para ello se deberá comprobar de acuerdo a la relación pormenorizada de las pertenencias del conductor, o en su caso, se compruebe la propiedad del vehículo siniestrado.

Con esta medida legislativa impulsada por el diputado, Fredie Delfín Avendaño, la representación popular atiende una demanda ciudadana y permite que los vehículos retenidos por la autoridad sean debidamente resguardados en los encierros o corralones.

La reforma, también señala que será la Dirección General de la Policía Vial Estatal la encargada de establecer los procedimientos para constatar, registrar y garantizar el estado que guarde el vehículo y las pertenencias, accesorios o bienes con que cuente al momento del encierro, arresto o detención.

La modificación legal brinda certeza jurídica en la reparación del daño de los vehículos siniestrados. Además, desincentiva y combate la red de corrupción por posible venta ilegal de autopartes, como ha sido denunciado públicamente por varios afectados.

Así, el Poder Legislativo proporciona las garantías de Ley para proteger el patrimonio de la ciudadanía oaxaqueña, y obliga a la autoridad o particulares que reciben vehículos, a tomar las medidas necesarias para que las unidades de motor sean regresadas a sus propietarios sin daño o pérdida de partes causados durante su resguardo.

La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada por el Poder Ejecutivo, en el Periódico Oficial del Estado.

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