Rosy RAMALES
Qué larga ruta electoral marca el 2026, de aquí hasta después del segundo semestre del 2027, tanto a nivel federal como en diversas entidades; dos de las cuales, Coahuila y Oaxaca, ya se encuentran en sendos procesos.
Coahuila renovará su congreso local integrado por 25 diputaciones, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. La elección es emblemática considerando que la entidad es uno de los dos bastiones del PRI, que aliado con el PAN y el PRD consiguieron la mayoría legislativa. Veremos si repiten la receta el próximo 7 de junio.
Oaxaca, no tiene elecciones, pero es la primera entidad con un proceso revocatorio para consultar a la ciudadanía (el 25 de enero) si a Salomón Jara Cruz se le revoca el mandato por pérdida de confianza o sigue en la gubernatura (hasta concluir su sexenio en 2028). Aunque el ejercicio de participación ciudadana tiende más a la ratificación.
Pero la larga ruta que le dará la vuelta al año, empezará con la presentación en breve de la reforma electoral confeccionada según por “el pueblo” bajo la batuta de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, mediante audiencias, debates y encuestas.
Conforme el sitio oficial, en enero la Comisión entrega la propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el envío de la correspondiente iniciativa a la Cámara de Diputados, salvo decisión en contrario y no haya reforma electoral. Cosa bastante difícil.
Porque la reforma es un punto del proyecto de gobierno de la mandataria; además, representa la continuidad del plan de su antecesor (AMLO) para apuntalar la llamada “Cuarta Transformación” del país, aunque con algunos temas del sello propio de ella.
Visto así, la reforma va, pero con cierta resistencia de los partidos aliados en temas clave para los minoritarios: Financiamiento público y representación proporcional. Negociarán.
Y de la citada reforma dependen todos los escenarios electorales 2027: La integración de la Cámara de Diputados; la renovación de 17 gubernaturas, más de mil congresos locales y más de 600 ayuntamientos, además de alcaldes y legisladores de la Ciudad de México.
Por si fuera poco, también la segunda parte de la elección judicial. Y quizá el proceso de Revocación de Mandato Presidencial, que morenistas plantean empatar con la elección intermedia; buena idea para economizar, pero mala idea para la organización concurrente vía un INE disminuido y débil presupuestal y políticamente.
¿Cuándo quedaría aprobada, promulgada y publicada la reforma electoral? Es incierto, al menos públicamente. Pero entre más pronto, mejor. Esperar al término del plazo constitucional, allá de finales de mayo, forzaría demasiado a las autoridades electorales, sobre todo al INE que solo tendría tres meses para elaborar lineamientos.
Por lo pronto, la Cámara de Diputados se alista para recibir la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, a decir del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para avalar de inmediato la reforma. Claro, tan pronto como el PVEM y el PT concreten sus negociaciones con el partido guinda sobre el financiamiento a partidos y plurinominales.
Y de ahí, ‘pal real’: Inicio de procesos electorales federal y locales (a partir de septiembre), procesos internos en diciembre-enero-febrero; campañas y jornada electoral pasando por todos los procedimientos de la organización electoral; impugnaciones fuera y dentro de los procesos electivos, los cuales terminarán después del segundo semestre del 2027. Uf.
Por cierto, la organización de los procesos federales (legislativo y judicial) estará a cargo del INE o de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con 7 consejerías en lugar de 11, a elegirse por voto popular; aunque está idea no cuaja del todo. Es apresurada y costosa, además riesgosa para la conservación del puesto de Guadalupe Taddei.
Quizá el INE permanezca por el momento, pero con menos consejerías, cuya reducción le vendría bien al Instituto sin demeritar su rendimiento electoral. Siendo IFE el Consejo General se integró con 6 consejeros magistrados en 1990, y con 9 consejeros ciudadanos en 1996. Sin tanta burocracia dorada el IFE fue una gran institución.
Mantener las 11 consejerías implicaría iniciar en la Cámara de Diputados un largo proceso de designación para el relevo de tres consejerías en el 2026.
La desaparición de los Organismos Públicos Electorales (OPL) tampoco termina de cuajar, aun cuando han tomado más forma de órganos desconcentrados del INE. Y sin organización electiva local, los Tribunales Electorales Estatales se quedan sin materia. Si con la reforma electoral nada cambia, en 2026 las autoridades competentes deben renovar consejerías locales vacantes y llevar a cabo la elección de magistraturas electorales locales.
La larga ruta electoral comprende también la creación de nuevos partidos políticos con registro nacional. El INE debe dar el aval a las organizaciones de ciudadanos que cumplan los requisitos antes del inicio del proceso electoral federal 2026-2027.
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