Rosy RAMALES
Juchitán de Zaragoza enciende las alarmas sobre las elecciones municipales 2027 y el crimen organizado, considerando que éste opera desde las estructuras municipales y que el próximo año los municipios de 30 entidades federativas renovarán ayuntamientos.
Este municipio oaxaqueño por tratarse del caso más reciente y mediático por la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano (Morena), por extorsión agravada, delitos contra el Estado, y presuntos vínculos con “Los Cromos”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el estado de Oaxaca, la Fiscalía General investiga a seis autoridades municipales más, según reveló el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Pero en el problema está en todo el país. En Morelos destacan los casos de Jesús Corona Damián, de Cuautla, postulado en la última elección por la coalición PAN, PRI, PRD y RSP, pero en un primer periodo lo abanderó Morena; y de Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, emanado de la coalición PRI-PAN-PRD; ambos detenidos por acusaciones de delincuencia organizada.
Investigaciones periodísticas revelan que al menos 31 munícipes y ex munícipes han sido detenidos o investigados en México por nexos con el crimen organizado desde octubre de 2024, de los cuales entre 14 y 23 estaban en funciones. ¿De qué partidos políticos? De casi todos. De la coalición Morena-PVEM-PT, 12; de la alianza PAN-PRI-PRD, 6; de Movimiento Ciudadano, 5. Además de casos de partidos locales.
En municipios de Morelos, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Chiapas.
Quizá parezca una cifra baja en relación con los 2 mil 463 municipios existentes en México. Sin embargo, hay una gran diferencia entre autoridades municipales detenidas por vínculos con el crimen organizado y aquellas que no lo están, ya sea aún no son investigadas o porque las fiscalías no han logrado integrar la carpeta de investigación.
Ojalá que las celulas criminales todavía no hayan invadido la mayor parte del territorio nacional a través de los municipios.
En el 2021, en su estudio denominado “Crimen organizado y el proceso electoral…”, Integralia Consultores advirtió en que el control de gobiernos municipales ofrece a las organizaciones criminales:
“Acceso a información privilegiada: sobre las estrategias de seguridad pública que se implementarán en el municipio, en su contra, en contra de sus adversarios, o bien sobre grupos económicos que operan en la región, a partir de lo cual pueden implementar esquemas de extorsión y cobro de ‘uso de suelo’”.
“Resguardo y protección de policías municipales: amplía su margen de maniobra para ejercer el dominio sobre los mercados ilícitos que operan en esos territorios, incluyendo huachicol, extorsión, trasiego de drogas, tráfico de personas y secuestro.”
“Acceso a recursos públicos: a través de malversación directa de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura. Esto también les permite lavar el dinero que obtienen de actividades ilícitas”.
De ahí que “los procesos electorales son periodos de incertidumbre para el crimen organizado, pues no hay garantías de que los nuevos representantes electos mantendrán o entrarán en esquemas de colusión y corrupción. Por ello, buscan injerir en los resultados electorales para garantizar el triunfo de figuras afines a sus intereses, a través de distintas estrategias (violencia política, financiamiento de campañas, intimidación y coacción de votantes y de operadores políticos, violencia en casillas)”.
¿Qué tal? Los signos descritos se vieron en Juchitán de Zaragoza, donde probablemente el crimen organizado intente reagruparse e imponer candidato a la presidencia municipal o, bien, coptar al munícipe una vez que asuma el cargo. Algo similar puede ocurrir en otros municipios. ¿Cuántos? Es incierto.
A todo esto, ¿qué harán los partidos políticos? ¿Y las autoridades electorales? Parece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) está llamada a no convertirse en convidado de piedra. Aún con las limitaciones que le impone la normatividad, algo podrá hacer si existe voluntad por parte de las y los consejeros que la integran.
Sin embargo, todo depende de los partidos políticos: primero, al postular candidaturas libres de vínculos con el crimen organizado y, de ser necesario, remitir los casos sospechosos a dicha comisión. El problema es que difícilmente lo harán si su principal fuente de financiamiento proviene de esas mismas redes criminales.
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