Rosy RAMALES
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propone eliminar la reelección legislativa, que la reforma electoral del 2014 precisó para senadurías hasta por 2 periodos y para las diputaciones federales hasta por 4 periodos, consecutivos en ambos casos.
Y ordenó establecer la figura en las constituciones estatales “hasta por 4 periodos consecutivos” para las diputaciones locales, según decisión de la Legislatura correspondiente. También introdujo la reelección de concejalías a los ayuntamientos. En la Ciudad de México se hizo lo propio.
Pero la reelección o elección consecutiva no se aplicó de inmediato, sino hasta las elecciones del 2018 para diputaciones locales y concejalías municipales, en 2021 para diputaciones federales y en el 2024 para senadurías. Eso después de alrededor de 80 años de prohibición en nuestro país.
Ahora, quien será la primera Presidenta de México parece retomar la esencia del lema maderista: “Sufragio efectivo, no reelección”.
Es una decisión acertada. Porque los partidos políticos prostituyeron la reelección legislativa y porque no se ha cumplido con los objetivos de la misma.
Cuando se discutió la reforma del 2014, distintas bancadas argumentaron razones de peso como las siguientes para establecer la reelección: Motivaría la profesionalización legislativa; favorecería la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos para conseguir el voto en razón de su desempeño; y la ciudadanía podría premiar o castigar a quien pretendiera reelegirse.
Y no ha sido del todo así.
La profesionalización no equivale a más periodos legislativos; incluso, las personas legisladoras continúan aprobado reformas, leyes, sin seguir todo el procedimiento legislativo, que es uno de los motivos de los reveses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelve acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales.
Fue el caso, por ejemplo, de las iniciativas que constituían el “Plan B” de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las y los legisladores incurrieron en “violaciones graves al proceso legislativo”, sobre todo el principio de deliberación democrática. Eso en junio del 2023, y amén de las contradicciones constitucionales, cuyo fondo ya ni estudió el Pleno de la Corte.
La rendición de cuentas ha sido una quimera. A voluntad, las personas legisladoras presentan informes anuales ante sus representados o en medios electrónicos e internet; sobre todo cuando aspiran a otro cargo de elección popular.
Pero en realidad no rinden cuentas. Los informes suelen ser resúmenes de acciones legislativas en general de la Legislatura correspondiente, cuyo Pleno, por cierto, revisa las cuentas de los tres poderes.
Sucede algo similar con titulares de presidencias municipales y jefes delegaciones, a diferencia de que otras instancias revisan las cuentas sobre el manejo presupuestal.
Y es relativo el premio o castigo del electorado, el cual en su mayoría vota por la reelección no en función de un desempeño, sino de los beneficios que recibe vía programas sociales o mediante todo tipo de dádivas. Incluso, a veces votan a favor del mejor postor el día de la jornada electoral.
Por si fuera poco, a diez años de distancia, el Congreso de la Unión no ha regulado la reelección en la legislación secundaria. Por eso, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, cada cual en su ámbito de competencia, han emitido lineamientos para la reelección o elección consecutiva.
Lineamientos que no pueden restringir la vida interna de los órganos legislativos. Así que lo relativo al uso de los recursos públicos queda en meras recomendaciones para las personas legisladoras que compiten por la reelección.
Además, ha quedado demostrada la inequidad en la competencia electoral entre quien no se separa, por ejemplo, de la diputación, de la senaduría, o de la presidencia municipal, para contender por el mismo cargo, que quienes compiten sin el respaldo de una estructura oficial.
***
