Rosy RAMALES
En política nada es casualidad, sino causalidad. Entonces, las iniciativas de última hora presentadas por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, y el diputado Ricardo Monreal Ávila, responden a la crisis que atraviesa Morena debido a los presuntos vínculos de varios de sus cuadros políticos con el crimen organizado.
La iniciativa de Alcalde para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE para frenar la postulación de perfiles ligados a la delincuencia, y la propuesta de Monreal para establecer la intervención extranjera como causal de nulidad en las elecciones, no habrían llegado al Congreso de no existir escándalos de alto impacto, como el caso que involucra al gobernador de Sinaloa (hoy con licencia) Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Izunza, entre otros políticos.
Con la creación de dicha Comisión, parece que Morena busca enviar un mensaje de combate a la infiltración del crimen organizado en los partidos políticos poniendo candidaturas. Ello, aprovechando, además el caso de narco-alcaldes y funcionarios municipales de Morena del PRI, PAN, MC; donde, por cierto, también salió involucrada una consejera estatal de Morena
Ahora, con la causal de nulidad de las elecciones por intervención extranjera, quien sabe si Morena vía Monreal envía un mensaje al PAN a propósito de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien presuntamente permitió la operación de agencias extranjeras en territorio nacional para el desmantelamiento de un narcolaboratorio; o bien, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tras el escándalo de Sinaloa solicitó a Estados Unidos clasificar a Morena como un “narco-partido”.
También podría tratarse de un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, quien insiste en la narrativa de que el narcotráfico gobierna en México. No sea que en una de esas, el republicano se pronuncie a favor de las candidaturas del PAN o del PRI en el próximo proceso electoral para diputaciones federales.
Muchos mensajes y, tal vez, una sola intención: blindar a Morena con sus cuadros políticos y candidaturas de cara a los procesos electorales 2026-2027 (federal y locales).
Amén de cualquier propósito, el problema será la viabilidad técnica y jurídica de las reformas electorales si el Congreso de la Unión avala la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum (diseñada por Alcalde) y la iniciativa de Monreal. Al final, corresponderá a las autoridades electorales desentrañar algún sentido a las normas.
Ciertamente, las normas se confeccionan obedeciendo realidades sociales y políticas, pero con viabilidad, sin tanta ocurrencia.
PROPUESTA ALCALDE
Los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas (la cual se integrará por cinco consejerías del INE) la lista de aspirantes a candidatos y la Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR, instancias que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable” (suponemos que riesgo de postulación por vínculos con el crimen).
¿Aspirantes? ¿Todos o solamente quienes hayan resultado ganadores de los procesos internos de los partidos políticos? Porque suelen inscribirse muchos para cada cargo.
¿En qué momento los partidos pueden entregar la lista? Recuerden que hay partidos que suelen tener candidatos un día antes del registro formal ante la autoridad electoral.
¿En qué tiempo la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR analizarán y determinarán el riego? Se asume que debería ser inmediato, pero ¿es realmente factible? Si tomamos como referencia la fiscalización de los recursos de los partidos o los gastos de campaña, fluye lenta la información solicitada por el INE o a veces no fluye.
Vaya, qué partido querrá arriesgarse al escándalo de perfiles riesgosos. Y luego con la advertencia de ser investigados en caso de que tales instancias encuentren vínculos ilícitos o situaciones irregulares. ¿Y si no encuentran, lo inventan tratándose de candidaturas opositoras competitivas?
PROPUESTA MONREAL
Amerita un análisis amplio. Pero de manera sucinta, Monreal propone adicionar un inciso d) al párrafo tercero de la fracción VI del artículo 41 constitucional para establecer la causa de nulidad cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Un supuesto que bien puede caber en la hipótesis ya establecida de que “se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita”.
Pero Monreal quiere situar el supuesto de manera expresa. La razón se encuentra en el glosario de su iniciativa, al definir intervención extranjera como “Actos de injerencia realizados por individuos, organizaciones o gobiernos de otras naciones con la intención de influir en las preferencias ciudadanas o en los resultados de una elección nacional. Puede manifestarse mediante financiamiento, campañas de desinformación, ciberataques o presiones diplomáticas.”
Qué riesgoso.
Y no conforme, Monreal también lleva la causal de intervención extranjera para anular la votación de casillas. Esto no fuera relevante si anulando una casilla no se revirtiera el resultado de la elección. Qué tal.
En fin, ambas iniciativas son armas de doble filo.
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