Rosy RAMALES
Llegó la segunda quincena de febrero sin que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya enviado su iniciativa de reforma electoral a la cámara legislativa. ¿La enviará en las semanas restantes? ¿O hasta marzo?
El tiempo apremia ante la proximidad del plazo fatal para la aprobación, promulgación y publicación del nuevo andamiaje jurídico para el proceso electoral 2026-2027; entre finales de mayo y principios de junio.
Y no sólo es la reforma constitucional, sino también a las leyes secundarias. Además, los cambios a la Carta Magna deben pasar por el aval de la mayoría de los congresos locales.
El procedimiento legislativo no es tan breve, salvo que intenten sacar la reforma por “obvia y urgente resolución”, pero a riesgo de un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues esa vía, conocida como “fast track”, vulnera dicho procedimiento cuando se trata de reformas constitucionales y, en consecuencia, afecta el principio de democracia deliberativa.
Así lo ha dicho la SCJN. Bueno, la vieja Corte. La nueva Corte, integrada con ministras y ministros electos por el “pueblo”, es capaz de emitir criterios distintos a favor de la validez de una reforma constitucional electoral avalada por el legislativo vía fast track. ¿O no?
Incluso, faltaría ver si la oposición impugna en caso de darse tal situación. Porque puede no impugnar, entonces la reforma queda firme.
Ahh, pero ¿qué pasa con la reforma en materia de inimpugnabilidad o supremacía constitucional de 2024?, la cual establece que:
“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Hay cierta polémica en cuanto a su aplicación: ¿Solo fondo? ¿O fondo y forma? Hay quienes consideran aplicación total, lo cual implicaría el blindaje al procedimiento legislativo aún sin cumplirse la deliberación democrática.
Ups. ¿Qué no sería una regresión antidemocrática?
Tal vez los partidos políticos de la 4-T ven el blindaje como un colchón para sacar como sea la reforma electoral. Ojalá que no.
Ya de por sí hay cierta regresión antidemocrática en el procedimiento alterno para confeccionar la reforma electoral, seguido primero por la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, el cual fue muy distinto al ‘tradicional’ (por decirlo de algún modo): Mesa de todos los partidos políticos, amplia deliberación legislativa y consensos.
Ahora hubo alrededor de 60 audiencias públicas organizadas por la Comisión, de las cuales emanaron aproximadamente 1,300 propuestas. También hubo foros y encuestas.
Porque, según se dijo, se trata de una reforma electoral “del pueblo”, no de las cúpulas partidistas.
Sin embargo, parece que la construcción del nuevo andamiaje jurídico electivo ‘salió de guatemala y entró a guateor’, pues solamente Morena, el PVEM y el PT participan en un segundo procedimiento alterno consistente en ‘mesas de diálogo’ encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a partir del desacuerdo de tales aliados para reducir legisladores plurinominales y financiamiento público partidista.
Y todo porque Pablito de plano dejó de lado hasta a los aliados.
Las cúpulas de los partidos de oposición (PAN, PRI y MC) ni siquiera tienen la calidad de convidados de piedra en las ‘mesas de diálogo’. Lo serán cuando se abra la discusión en la cámara legislativa. Pero en este momento, simplemente no existen en la confección de la reforma electoral.
Entonces, ¿cómo queda? ¿Es una reforma del ‘pueblo’ o solo de 3 cúpulas partidistas?
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