Rosy RAMALES
La segunda iniciativa de reforma constitucional o Plan “B” solo tiene de electoral dos temas: Empatar la Revocación de Mandato presidencial con la elección 2027 y el tope a la integración de los ayuntamientos. Todo lo demás es administrativo y financiero.
Sin embargo, para la 4-T es una reforma electoral de principio a fin. Quizá porque en los 3 artículos constitucionales a modificar se plantean reglas que benefician al partido guinda y aliados (quizá). Hasta parece la base de una campaña revocatoria presidencial para favorecer a Morena dentro de una constitucionalidad ad hoc.
Cómo decirlo: ¿Una institucionalización de la trampa electoral?
Veamos. En cuanto a la Revocación de Mandato presidencial, se propone se solicite en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del 2º o 3er año del periodo constitucional, y que se realice el 1er domingo de junio del 3er o 4º año de ejercicio.
El 2º año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluye el 30 de septiembre de 2026, entonces a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre (tres meses posteriores) la ciudadanía podrá solicitar el proceso revocatorio, precedido de la recolección de firmas en el porcentaje exigido por la ley.
Serían procedimientos a desarrollarse prácticamente a la par del inicio del proceso electoral federal para las elecciones de diputaciones federales del 2027, y hasta casi empezando los procesos internos de selección de candidaturas. Formales, claro, porque Morena se adelantará con la simulación de nombrar coordinadores y coordinadoras distritales.
Después de la solicitud, de la declaratoria de procedencia por parte del INE y de la emisión de la convocatoria, seguramente ajustando todos los plazos en la ley secundaria de modo tal que la jornada de Revocación de Mandato se lleve a cabo el 1er domingo de junio del 2027, fecha de la jornada electoral para elegir diputaciones federales.
Y así se van a empatar la Revocación de Mandato a las elecciones intermedias, a las cuales cualquier partido gobernante teme porque no tienen aliciente alguno. En el caso de Morena, no está en su mejor momento, ni los aliados van cohesionados, pero la presidenta Sheinbaum mantiene una alta aprobación, a la cual le apuestan tales partidos para ganar, si no todos, sí la mayoría de los 300 distritos electorales federales y un buen número de plurinominales para mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Sí, empatar. Cosa que permitirá a la Presidenta hacer campaña a su favor e impactar favorablemente las candidaturas a las diputaciones federales de la 4-T, además para beneficiar las postulaciones a los cargos locales a elegirse en el 2027: Gubernaturas, diputaciones locales y presidencias muncipales.
Y una campaña abierta, pues esta segunda iniciativa de reforma constitucional electoral plantea permitir que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
Con una disposición así, de nada o de poco servirá prohibir (como prevé la iniciativa) “el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
La otra opción de solicitar la revocación de mandato a la conclusión del 3er año del sexenio, quizá sea a manera de precaución, por si la presidenta Sheinbaum se arrepiente de someterse a dicho proceso terminando el 2º año o porque vea condiciones desfavorables para realizar la consulta revocatoria en el 2027.
Una vez aprobada la iniciativa, tendrá hasta antes de septiembre para decidirse por alguna de las dos opciones. Aunque es la ciudadanía la que tendría que definirlo, considerando que el mecanismo de democracia participativa supone el derecho ciudadano de decidir si una persona que desempeña un cargo de elección popular debe dejarlo de manera anticipada.
Pero en la realidad mexicana, el mecanismo ha servido para la ratificación del cargo, para probar la maquinaria electoral partidista, para verificar militancia, para medir los alcances del voto cautivo, para medir a los aliados y adversarios electorales y, ahora, servirá también para realizar campaña a favor de candidaturas a cargos populares en una elección intermedia concurrente con comicios locales y la segunda elección judicial.
Tirándole a un carro completo.
Aunque el proceso revocatorio empatado también puede ser un arma de doble filo, para ganar o perder.
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