Rosy RAMALES
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso pudo ahorrarse el protagonismo innecesario. Bastaba con enviar su renuncia al Senado sin anunciarla en el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026. ¿Qué quiso evidenciar? Desató conjeturas.
No aprendió de Janine Otálora Malassis, quien en silencio notificó al Senado el fin de su periodo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), renunciando así a la extensión de dos años en el cargo concedida por la reforma judicial.
Fue Mónica quien, en la última sesión de octubre de 2025, destacó la decisión de Janine e hizo un reconocimiento a su compromiso con la justicia electoral, al cual se sumaron los demás magistrados. Otálora salió por la puerta grande, con honores y con más gloria que pena. Todo lo contrario a Mónica.
Soto Fregoso no le hace falta a la democracia; dio cuenta de ello con sus polémicas resoluciones. Pero su salida sí afecta la reputación del TEPJF, de por sí desgastada por la cercanía con el oficialismo. Esto no es nuevo, también se dio en los gobiernos del PRI y del PAN, pero cuidaban las formas.
Ahora hasta se dice que Mónica asumirá un cargo en la administración federal, aun con la prohibición por haber juzgado la elección. El mal ejemplo lo puso Arturo Saldívar al cambiar la toga por la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, quien, por cierto, no descartó sumar a Soto, pero no lo tiene contemplado en este momento.
La renuncia la avaló el Senado sin que mediara causa grave. Hoy la historia se repite: La Comisión Permanente avaló la dimisión de Mónica hasta con dispensa de trámites. ¿Cuál es la prisa? Si el oficialismo ni siquiera tiene resuelto cómo cubrir su vacante, y de paso la de Janine, que no urgía hasta el golpe de Soto. ¿O ya lo tiene resuelto?
¿Aplicarán la reforma judicial para elegir las dos magistraturas en el 2028?
¿O la otra disposición de la reforma, para cubrir las vacantes con la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo aunque las dimitentes no hayan participado en la elección?
¿O recurrirán a la normatividad anterior a la reforma? O sea, ¿que el Senado designe las magistraturas atendiendo a la misma vía que nombró a Mónica y Jenine?
Todo choca con la Constitución. Hay un enorme océano en la reforma. Quizá porque ni la consejera jurídica de la Presidencia, ni el Congreso de la Unión, previeron la sorpresiva renuncia de personas magistradas que no llegaron por voto popular, y justo en la víspera del Proceso Electoral concurrente 2026-2027.
Lo mejor sería cubrir las vacantes hasta la elección de 2028. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de descompletar la mayoría calificada de cinco integrantes de la Sala Superior, o de requerir seis votos o del Pleno completo de siete. Nunca se sabe qué puede pasar.
Claro, hay soluciones como cuando Claudia Valle Aguilasocho integró de manera temporal la Sala Superior para alcanzar el quórum legal para calificar y declarar la validez de la elección presidencial. Las soluciones dependen del caso concreto.
Empero, cualquier medida provisional es insuficiente para frenar el deterioro de la legitimidad social del TEPJF. Un tribunal incompleto pierde la pluralidad de criterios, mermando la riqueza democrática en sus deliberaciones y fallos.
Mónica se va terminando agosto. ¿Dónde? Hasta la tarde del jueves era un misterio. Se decía, incluso, que se iba de vacaciones indefinidas por negarse al deseo del oficialismo para el proceso 2026-2027. Suena descabellado porque contrasta con su evidente alineación con la Cuarta Transformación desde su llegada al poder.
Aunque en política todo puede suceder.
Lo de menos es dónde va Mónica, lo de más es cómo deja la integridad del TEPJF, cuya Sala Superior no termina de salir del divisionismo interno, factor que tampoco se descarta en la dimisión de Soto. Sería algo así como resultado de lo que ella misma alentó.
En fin, un Tribunal sin solvencia moral resulta inútil para garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía. Ojalá lo entienda el resto de magistrados.
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rosyramalesg@gmail.com
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