CRÓNICA POLÍTICA: Posponer la elección judicial y la implementación del CNPCyF

Rosy RAMALES

El 1 de junio de 2025, Morena y aliados concretaron su seductora promesa democrática: Tener en México personas juzgadoras “electas por el pueblo” para terminar con la corrupción en el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como para impartir justicia realmente de forma pronta y expedita. 

Sonó bien al menos para la “Cuarta Transformación”, donde ignoraron toda advertencia sobre las consecuencias. Con honrosas excepciones, las y los legisladores de Morena, del PVEM y del PT, sobre todo los pro-lopezobradoristas, defendieron sin raciocinio alguno la elección judicial que bien pudo limitarse a ministros y magistrados (as), pero metieron a los juzgadores de primera instancia que son quienes resuelven inicialmente los litigios. 

No obstante, la realidad ha comenzado a ganar terreno y ya empiezan a reconocer fallas y riesgos (pasados, presentes y futuros) que conlleva la reforma judicial. Ahora se encuentra en el debate nacional la pertinencia de posponer la segunda elección judicial del 2027 al 2028, básicamente por tres razones:

Primera: Porque ir acompañada de elecciones a un gran número de cargos populares (gubernaturas, diputaciones federales y locales, ayuntamientos) representa complejidad mayúscula para el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales (OPL) considerando que en varias entidades también habrá elecciones judiciales locales.

Segunda: Para corregir errores en el procedimiento judicial, cuya primera jornada dio como resultado la elección de jueces sin preparación.

Tercera: Para garantizar la impartición de justicia, máxime cuando se plantean normas de aplicación en todo México. Por ejemplo, hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) aprobado en mayo del 2023 con implementación gradual en todo el país en un plazo máximo al 1 de abril del 2027. Entonces, se necesitan jueces capacitados, no improvisados.

Ya hay propuestas para perfeccionar el procedimiento para la elección judicial. Como la propuesta del senador Javier Corral Jurado, quien, el jueves estuvo en la Ciudad de Oaxaca disertando en el Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”, organizado por el Poder Judicial del Estado a cargo de la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez.

Y ahí el senador planteó:

Blindar el proceso de evaluación de aspirantes para garantizar la idoneidad profesional, sustituyendo los actuales requisitos formales —promedios o cartas de recomendación— por un sistema de certificación técnica a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial, para evaluar mediante exámenes el razonamiento jurídico, la interpretación constitucional, la perspectiva de derechos humanos y el conocimiento procesal. 

Establecer restricciones nítidas para impedir la participación de perfiles con militancia política reciente, evitando que la función judicial sea una extensión partidista, lo cual debe empezar desde la integración de los comités de evaluación sin vinculación a los Poderes.

Bien, son propuestas acertadas. Filtros para asegurar que quienes aparezcan en las boletas cuenten con un estándar técnico mínimo y sin vínculos políticos. 

Corral hizo énfasis en posponer la elección judicial para perfeccionar el procedimiento que evite la elección de jueces que en vez de sentenciar al inculpado, sentencien a la víctima; o que pongan en riesgo la integridad familiar, el interés superior de la niñez o el patrimonio.

Tiene razón, debe posponerse la elección judicial y también la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues sin operadores jurídicos debidamente capacitados, no es posible garantizar que la nueva normativa cumpla con los objetivos para los que fue diseñada.

Además, por su naturaleza misma en la elección judicial no debe haber representantes de partidos políticos en las casillas electorales, entonces llevarla a cabo el mismo día de las elecciones a cargos populares implica el riesgo de contaminarlas políticamente.

PLAN “B”

Pues ya quedó el Plan “B”, aprobado por el Congreso de la Unión y ratificado por la mayoría de los congresos locales. Pero con más pena que gloria, porque no se trata de una reforma electoral integral como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, sino es un híbrido con una pizca de electoral y otra de administrativo. 

Ahora falta ver si hacen reformas a las leyes secundarias, incluyendo modificaciones a temas distintos a los planteados en los planes “A” y B”.