Ley Anticorrupción en la Cámara de Diputados, y que hoy avanza en el Senado de la República, donde hay muchos exgobernadores. Sin embargo, hay un tema que puede generar problemas en el futuro para nuestro sistema político, la revisión por parte de la ASF del destino de las participaciones, que son recursos estatales derivados de la adhesión de las entidades federativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), en virtud del cual las mismas dejaron en suspenso la administración de impuestos que la Constitución no les prohíbe, dejando la misma al gobierno federal, recibiendo a cambio una participación en la recaudación derivada de estos impuestos concurrentes, hoy coordinados.
Tanto la aprobación de las leyes de ingresos, del presupuesto estatal y su fiscalización corresponde a los Congresos locales, que a su vez tienen su propio órgano de fiscalización superior, que forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
Se dice que la proporción de revisión federal sería de 92 por ciento de los ingresos totales, pero esa cifra es un promedio de la dependencia de las trasferencias federales, que llamamos gasto federalizado: éstas son de dos tipos, las no condicionadas, esto es, las participaciones, recursos propios, gasto no programable, y, las condicionadas, entre las que destacan las aportaciones, gasto programable, que no pierde su naturaleza federal, y éstas sí son y deben ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Los promedios esconden diferencias importantes, por ejemplo el DF recauda más de la mitad de sus ingresos fiscales, por lo tanto sólo revisaría el ámbito federal, la mitad de su gasto; en cambio Guerrero, que depende en un 99 por ciento de las transferencias federales o Oaxaca, con el 98 por ciento, serían revisados en esos porcentajes por la instancia federal, quedando al Congreso local sólo el 2 o el 1 por ciento para revisión. Serán Congresos sin facultades para revisar el destino del gasto estatal. Es difícil concebir congresos locales en esa tesitura.
Supongamos que la ASF pide a las EFSL de los Congresos locales, que revisen el destino de las participaciones, como se hace ya con las auditorías solicitadas en el gasto condicionado –aportaciones, subsidios, convenios–, me pregunto, ¿qué sentido tendría hacerlo? ¿No sería mejor fortalecer la autonomía de gestión que ya tienen las EFSL y la presupuestal, para que hagan auditorías más eficientes y de mejor calidad? La propia ASF no tiene y se le debería dar, autonomía presupuestal.
Centralizar no es lo más eficiente.
Por otra parte, la apuesta por la centralización, es contraria a nuestra historia, y tiende a la dispersión. La misma puede ser un incentivo para la descoordinación del SNCF, ya que entidades como NL, Chihuahua o BC y el DF, apostarían a revisar su adhesión al sistema, ya que además de tener economías más fuertes, su potencial recaudatorio es amplio, lo que sería un incentivo natural para tarde o temprano, pensar en la descoordinación y en la creación de su propio sistema tributario. No le gustaría al sector privado por supuesto. De ahí la pertinencia de la propuesta que hiciera recientemente la Conago, para tener personalidad jurídica.
Ya se aprobó el día de ayer en comisiones del Senado, pero las consideraciones anteriores siguen vigentes para las leyes secundarias. Creo faltó realizar foros donde los especialistas, estados, municipios y los propios Congresos locales dieran su opinión sobre un tema tan delicado, aun así sería importante realizarlos quizás en otros ámbitos.
(EL FINANCIERO/ Suscripción)
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