REDACCIÓN
La Ley General en Materia de Delitos Electorales castiga con pena privativa de libertad de hasta tres años de cárcel a cualquier persona que impida la instalación o clausura de una casilla; en este caso, para el desarrollo de las votaciones en la elección de diputados federales del próximo domingo 7 de junio.
Y si tal conducta violatoria de la ley penal “se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos”, a la pena se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. O sea, que de tres años, la pena privativa de libertad puede incrementarse a cuatro años y medio de cárcel.
El tipo penal descrito en los párrafos anteriores podrían encuadrar si acaso los profesores o cualquier persona que el próximo domingo impida la instalación de las casillas electorales o la clausura de las mismas.
La conducta delictiva podrá ser denunciada ante las agencias del Ministerio Público Federal o, si no hay en el lugar, se puede presentar la denuncia en alguna agencia del Ministerio Público del Fuero Común, las cuales canalizarán las denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
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