El Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en sesión pública, resolvió el juicio promovido por Adrián Rosendo Zaragoza Hernández, presidente municipal de Santo Domingo Tonalá, en contra de los acuerdos tomados en las actas de sesiones extraordinarias de cabildo, en las cuales acordó la remoción de la Secretaria y Tesorero Municipal, nombrando a otros para ocupar dichos cargos.
Zaragoza Hernández, señala que las cuestionadas sesiones extraordinarias fueron presididas por el Síndico Municipal, sin que se le convocara previamente a él en su carácter de Presidente Municipal de la citada comunidad. Por lo tanto, alega que lo anterior viola sus derechos político electorales.
En el análisis del caso, la y los magistrados de este tribunal declararon fundada la demanda debido a que efectivamente es facultad del Presidente Municipal en funciones, convocar y presidir las sesiones de cabildo, así como proponer el nombramiento y remoción del Secretario y Tesorero Municipal, tal como lo señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en sus artículos 43 fracción XIX y 68 fracciones III y XI.
En este sentido, el Tribunal Electoral ordenó revocar las actas de sesión extraordinaria de cabildo y dejar sin efecto las destituciones de Analí Ramírez Olivera, como secretaria municipal, y Pedro Barragán Hernández, como tesorero municipal, así como los nombramientos de quienes habían nombrado en dichos cargos.
En la misma sesión pública, este órgano jurisdiccional ordenó al presidente municipal de Unión Hidalgo, para que por conducto del secretario municipal y con todas las formalidades legales cite a Franco López Santos, para que asuma el cargo de regidor de educación, tomándole la protesta de ley e integrándolo al ayuntamiento de este municipio.
Lo anterior, después del análisis del juicio promovido por López Santos, en su carácter de regidor suplente electo de Unión Hidalgo, en donde impugna la omisión del presidente municipal de tomarle protesta como concejal e integrarlo al cabildo, una vez que Herminio López Marín, quien contendió como concejal propietario por la fórmula “Unidos por el Desarrollo”, renunciara a dicho cargo, y nombraran a Martha López López en la regiduría en cuestión; nombramiento que quedó sin efecto, al constituir una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que no siguieron el procedimiento legal adecuado para la instalación del nuevo regidor, señalado en la Ley Orgánica Municipal del Estado.
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