Proponen inelegibilidad para cargos públicos a quienes sean acusados de violencia familiar o incumplan con pensión alimenticia

La diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las personas que pretendan ocupar algún cargo público sean inelegibles en caso de haber sido condenados por violencia familiar o tengan obligaciones pendientes como deudor alimentario.

Sostuvo que el objetivo es que las personas que pretenden acceder a los cargos de diputados federales, senadores, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos y gobernadores sean personas íntegras y respetuosas de los derechos humanos.

“Buscamos que al gobierno lleguen personas íntegras y que respeten a la familia, que es la base de la sociedad. El cargo público debe ser ejercido por personas que no atenten o no hayan atentado contra la familia”, subrayó en un comunicado.

En ese sentido, Ascencio Ortega precisó que aquellas personas que hayan ejercido violencia familiar y/o que no cumplan con el pago de la pensión alimentaria a su cargo, deben de estar inhabilitados para ejercer un cargo público, debido a que un funcionario público tiene como compromiso la vocación de servicio y respeto por el derecho de las personas.

“En la actuación pública debemos aspirar a ser éticos y debe haber congruencia entre la vida personal y pública de las personas que pretenden regir sobre la vida de otros. Es de señalarse que al exigir cumplir con las obligaciones familiares y no ejercer violencia en contra de la familia, subyace un profundo significado social”, indicó.

A efecto de que lleguen al gobierno personas cuyo comportamiento se base en principios de ética y de cumplimiento de obligaciones a su cargo, la diputada de Morena puntualizó que “no queremos machistas, ni abusadores, ni desobligados en los cargos públicos”.

Resaltó que con esta propuesta de reforma constitucional se pretende exigir a los hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública, que tengan una vida acorde a la institución de la familia.

Explicó que en México existen condiciones de violencia contra la mujer y la subcultura del machismo, que precisamente generan una falsa y distorsionada visión favorable hacia el macho que maltrata e incumple a su familia, estereotipos que lamentablemente se repiten y perduran. De ahí que la ley tenga que aspirar a cambiar tales patrones.

“Un buen gobernante si bien se forja a lo largo de una carrera de servicio público, su inicio es y será un hogar donde los padres que lo conformaron, estuvieron al tanto de su educación, cumplieron con sus obligaciones y le enseñaron el respeto por los demás”, concretó.

La iniciativa, por la que se reforman los artículos 55, 82, 95, 115 y 116 de la Constitución, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

(Notilegis)

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